Eleconomista.es - Madrid, 26/12/2007 (EFECOM)
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado hoy que varios centros comerciales y grandes almacenes de la Comunidad de Madrid emplean en funciones de vigilante a trabajadores que no están habilitados para ello por el Ministerio de Interior, incumpliendo de esta forma la Ley de Seguridad Privada.
El sindicato ha denunciado ante la Delegación del Gobierno a grandes almacenes como El Corte Inglés; centros comerciales como La Vaguada, Parque Corredor (Torrejón de Ardoz), Parque Sur (Leganés), La Dehesa (Alcalá de Henares), Plaza Norte (San Sebastián de los Reyes); grandes superficies como Ikea y Factory (ambos en San Sebastián de los Reyes) e hipermercados como Carrefour y Alcampo.
Además, según un comunicado del sindicato, las empresas de seguridad utilizan estos centros como "depósito" de sus empleados no habilitados, aprovechando la permisividad del Ministerio de Interior y supuestos "intereses" de los responsables de seguridad de dichos centros, quienes, a diferencia de otros clientes, no exigen la titulación del personal que le asigna.
Para comprobar este incumplimiento, explica la nota, basta con observar si en alguna de estas instalaciones hay empleados de alguna empresa de seguridad -entre las que cita a Prosegur, Securitas, Segur Ibérica, Sabico o Eulen- que trabaja de uniforme y lleva porra y grilletes, pero no la "vistosa placa" que acredita su habilitación.
Los riesgos de esta situación, a juicio del sindicato, radican en la falta de formación de estos empleados en cuestiones de seguridad y en otras específicas sobre centros comerciales o ante casos de emergencia.
Todo ello, recalca Alternativa Sindical, en unos centros por los que circulan decenas de miles de personas y en los que se realizan "numerosas intervenciones por robos, agresiones, alunizajes e incidentes de otra índole".
El sindicato señala que las empresas de seguridad, "con el único fin de engordar su facturación", ofrecen sus servicios sin disponer de suficiente personal habilitado, y pide a Interior que vigile y sancione estas "irregularidades", así como que dote a los vigilantes "de mejores medidas tanto legislativas como físicas".
Alternativa Sindical califica esta actuación como "posible fraude", del que culpa también al cliente que contrata con la empresa de seguridad, e incluye entre sus damnificados a las compañías aseguradoras.
Asimismo, destaca el perjuicio "provisional" y "para la integridad física" de los vigilantes que sí están habilitados, que podrían hallarse "desvalidos por la falta de apoyo del personal no habilitado".
