huelvainformacion.es, 6/11/08 - Huelva
El sindicato UGT y el sector de la seguridad privada reclamaron ayer el apoyo de la Administración para atajar el intrusismo, durante la celebración de unas jornadas en las que se abordan la situación actual del sector en Huelva.
El secretario de FES-UGT Huelva, Antonio Expósito, dijo que uno de los mayores problemas que tiene la seguridad privada es el intrusismo y demandó la ayuda del Ministerio de Interior para atajar esta problemática.
Expósito matizó que, aunque al sector no le afecta tanto la crisis económica, se debe hacer frente al intrusismo laboral que llevan a cabo empresas y particulares sin tener la profesionalidad necesaria y los requisitos que demanda la legislación.
El subdelegado del gobierno, Manuel Bago, que asistió a la inauguración de las jornadas, apostó por aumentar la coordinación y la relación entre los cuerpos policiales y la seguridad privada, que juega un papel importante y resaltó que profundizar en la colaboración "es una asignatura pendiente y aunque hemos avanzado en este aspecto hay que continuar si queremos realmente sumar todas las capacidades que tenemos para mejorar la seguridad". Bago recordó cómo en la provincia de Huelva se han reducido los índice de delincuencia.
Según datos facilitados, el sector emplea en la provincia onubense alrededor de 1.200 trabajadores, de un total de 22 empresas, que prestan servicio principalmente en el Polo Químico y en dependencias de la Administración.
Durante las ponencias presentadas ayer se dejó constancia que el sector de la seguridad privada todavía demanda empleo, ya que no mantiene una elevada dependencia con los sectores más castigados por la crisis como son la construcción y la industria. Las previsiones apuntan incluso que la demanda seguirá creciendo pero no en los niveles anteriores. Andalucía fue la comunidad autónoma donde más ha aumentado la demanda de este servicio de todo el país, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, no todo es de color en el sector y los problemas pueden venir por la falta de liquidez que empiezan a experimentar algunas empresas debido a las dificultades por las que atraviesan algunos clientes. Dificultades que pueden traducirse en un recorte presupuestario de los clientes que demandan servicio a las empresas de seguridad.
Precisamente uno de los principales clientes es desde hace unos años la Administración pública, de ahí que el sector solicite su apoyo y el compromiso de que no van a producirse recortes. El sector tiene a favor también que en tiempos de crisis se suele producir un incremento en la demanda de la seguridad.
Precisamente, la 'supuesta' bonanza por la que atraviesa el sector ha motivado que algunas empresas hayan cambiado de actividad y se "hayan apuntado al carro" de la seguridad privada y se hayan producido el episodio del intrusismo señalado con anterioridad.
La jornada de hoy abordará la formación en la seguridad privada, la perspectiva del nuevo convenio colectivo del sector y la aplicación de la Ley de Prevención de riesgos Laborales.
viernes, 7 de noviembre de 2008
Balza y Rubalcaba destinan 180 millones para escoltas y protección de sedes
elpais.com, 6/11/08 - Bilbao
Un total de 180,1 millones de euros es la cantidad exacta que costará a las arcas públicas del Ministerio y el Departamento de Interior la protección, básicamente por escoltas privados, de las personas amenazadas por ETA y las sedes de los partidos en el País Vasco y Navarra en 2009. Ello supone un incremento de 7,7 millones con respecto al pasado ejercicio, aumento que asumirá casi en su totalidad la consejería vasca.
El titular vasco de Interior, Javier Balza, reiteró ayer en la presentación en el Parlamento de sus presupuestos para el próximo año que "la actual situación de permanente amenaza terrorista exige mantener el máximo nivel en materia de protección a las personas amenazadas". Y ello horas antes de que la banda reiterase en un comunicado su disposición a seguir atentando y amenazase de forma concreta a la Ertzainta diciendio que "no va a reparar en el color del uniforme, sino en sus acciones". En Euskadi, unas 1.000 personas tienen que ir permanentemente escoltadas al estar en la diana de los etarras.
El coste de la protección para pagar a los escoltas privados está repartido al 50% entre ambas administraciones. El mayor desembolso corresponde al Ministerio del Interior, cuyo titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destinado en los presupuestos del próximo año una partida de 102 millones para proteger a los amenazados y las sedes de partidos en el País Vasco y Navarra.
Balza detalló en la Cámara vasca durante la presentación de las cuentas de su departamento que los servicios de escolta prestados por empresas de seguridad privada y la protección de edificios (sedes de partidos, sindicatos y otras entidades objetivo de ETA) se eleva a 69,4 millones de euros, frente a los 61,7 del pasado ejercicio. La consejería ha fijado además una partida de 8,7 millones para pagar el sobrecoste que implican para la propia Ertzaintza los servicios de acompañamiento entre alquileres de vehículos y llamamientos en las comisarías a ertzainas fuera de servicio.
En el caso del ministerio, el presupuesto se ha estancado este año. El crecimiento de esta partida se produjo entre 2004 y 2008, con un incremento que alcanzó en esos años en torno al 25%, según fuentes ministeriales.
La persistencia del terrorismo etarra y el que la Ertzaintza sea uno de los objetivos prioritarios de ETA ha obligado a los responsables de la consejería a aumentar las partidas para la seguridad de los agentes. "Somos conscientes de ser objetivo de la banda terrorista ETA", admitió Balza ante los parlamentarios vascos, "y de que debemos prestar el servicio público de seguridad a la ciudadanía sin descuidar la seguridad personal de los ertzainas". Balza volvió a desgranar ante los parlamentarios el destino de los más de 26 millones de euros para ese objetivo. El consejero ya remitió esta información en la comparecencia a petición propia que realizó en sede parlamentaria el pasado 15 de octubre. Ese día, el sindicato mayoritario Erne acusó a Balza de "mentir" y reiteró que "la seguridad es inexistente".
Al margen de la polémica entre sindicatos y responsables de Interior, el consejero apuntó la adquisición de 200 vehículos blindados por 15 millones de euros y otros 13,5 para seguridad en infraestructuras (comisarías y base de Berrozi).
Al margen de las subvenciones para compensar los daños por ataque terroristas, Interior ha consignado dos partidas de 62.000 euros y 31.000 euros para un convenio con la Fundación Víctimas del Terrorismo y un curso de postgrado en la UPV.
Un total de 180,1 millones de euros es la cantidad exacta que costará a las arcas públicas del Ministerio y el Departamento de Interior la protección, básicamente por escoltas privados, de las personas amenazadas por ETA y las sedes de los partidos en el País Vasco y Navarra en 2009. Ello supone un incremento de 7,7 millones con respecto al pasado ejercicio, aumento que asumirá casi en su totalidad la consejería vasca.
El titular vasco de Interior, Javier Balza, reiteró ayer en la presentación en el Parlamento de sus presupuestos para el próximo año que "la actual situación de permanente amenaza terrorista exige mantener el máximo nivel en materia de protección a las personas amenazadas". Y ello horas antes de que la banda reiterase en un comunicado su disposición a seguir atentando y amenazase de forma concreta a la Ertzainta diciendio que "no va a reparar en el color del uniforme, sino en sus acciones". En Euskadi, unas 1.000 personas tienen que ir permanentemente escoltadas al estar en la diana de los etarras.
El coste de la protección para pagar a los escoltas privados está repartido al 50% entre ambas administraciones. El mayor desembolso corresponde al Ministerio del Interior, cuyo titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destinado en los presupuestos del próximo año una partida de 102 millones para proteger a los amenazados y las sedes de partidos en el País Vasco y Navarra.
Balza detalló en la Cámara vasca durante la presentación de las cuentas de su departamento que los servicios de escolta prestados por empresas de seguridad privada y la protección de edificios (sedes de partidos, sindicatos y otras entidades objetivo de ETA) se eleva a 69,4 millones de euros, frente a los 61,7 del pasado ejercicio. La consejería ha fijado además una partida de 8,7 millones para pagar el sobrecoste que implican para la propia Ertzaintza los servicios de acompañamiento entre alquileres de vehículos y llamamientos en las comisarías a ertzainas fuera de servicio.
En el caso del ministerio, el presupuesto se ha estancado este año. El crecimiento de esta partida se produjo entre 2004 y 2008, con un incremento que alcanzó en esos años en torno al 25%, según fuentes ministeriales.
La persistencia del terrorismo etarra y el que la Ertzaintza sea uno de los objetivos prioritarios de ETA ha obligado a los responsables de la consejería a aumentar las partidas para la seguridad de los agentes. "Somos conscientes de ser objetivo de la banda terrorista ETA", admitió Balza ante los parlamentarios vascos, "y de que debemos prestar el servicio público de seguridad a la ciudadanía sin descuidar la seguridad personal de los ertzainas". Balza volvió a desgranar ante los parlamentarios el destino de los más de 26 millones de euros para ese objetivo. El consejero ya remitió esta información en la comparecencia a petición propia que realizó en sede parlamentaria el pasado 15 de octubre. Ese día, el sindicato mayoritario Erne acusó a Balza de "mentir" y reiteró que "la seguridad es inexistente".
Al margen de la polémica entre sindicatos y responsables de Interior, el consejero apuntó la adquisición de 200 vehículos blindados por 15 millones de euros y otros 13,5 para seguridad en infraestructuras (comisarías y base de Berrozi).
Al margen de las subvenciones para compensar los daños por ataque terroristas, Interior ha consignado dos partidas de 62.000 euros y 31.000 euros para un convenio con la Fundación Víctimas del Terrorismo y un curso de postgrado en la UPV.
Un dominicano y una empresa de seguridad privada se acusan de una agresión en Atocha
elpais.com, 5/11/08 - Madrid
Un joven asegura haber recibido una "salvaje paliza" por parte de tres vigilantes de la estación.- La empresa de seguridad le denuncia a su vez por agredir a uno de sus trabajadores.
"El bono no me pasa y los guardias de seguridad me dan una paliza", que incluye 11 puntos en una ceja y ocho en la sien, el cuerpo amoratado y un parte médico de lesiones. Así ha resumido un inmigrante dominicano la pesadilla que sufrió el 28 de octubre en la estación Atocha de Madrid. El joven, Alfredo Díaz Marcelo, un camarero de 33 años, ha asegurado que recibió una "salvaje" tunda de palos por parte de tres vigilantes de seguridad de Metro, aunque una portavoz de esta empresa pública ha negado la acusación y ha sostenido que el suceso tuvo lugar en la zona de Cercanías de la estación múltiple. La empresa de ferrocarriles ha admitido este extremo, al tiempo que ha recordado que los vigilantes no son, en todo caso, trabajadores públicos. Para rizar el rizo, la propia empresa de seguridad denunciada se ha convertido en denunciante, ya que asegura que en la trifulca la supuesta víctima agredió a uno de sus empleados.
Díaz Marcelo ha denunciado su caso respaldado por representantes de la Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas-Voluntariado Integración Internacional de Trabajadores (VOMADE), que se presentará como "acusación particular" en la causa. Según ha relatado, los hechos ocurrieron pasada la medianoche en Atocha, cuando requirió la ayuda de un vigilante porque el abono no le "pasaba" por el torno cuando intentaba acceder a Metro. "No vinieron con buen carácter, sino con la mano en la porra", ha afirmado el dominicano. Según su testimonio, nada más preguntar a un vigilante si le podría cambiar el bono, éste llamó a un compañero y, sin intercambiar palabra alguna, la víctima recibió el "primer golpe" y comenzó la "paliza".
Así, Díaz ha relatado que la trifulca se produjo sin provocación alguna por su parte. El vigilante se abalanzó sobre él y el joven le agarró la mano, lo que provocó que el otro agente le golpeara en la cabeza, provocándole una herida en la ceja izquierda que le supuso 11 puntos de sutura. La sangre que le caía a borbotones por los ojos a causa de la herida en la ceja y otra en la cabeza no le permitió ver con claridad a sus agresores. "Después me tiraron al suelo y me dieron en la espalda y en la cabeza", ha asegurado Alfredo, que viajaba solo y volvía de hacer compras. Según su relato, no tardaron en llegar más agentes, que le retuvieron hasta la llegada de la Policía. Además de la agresión, el joven critica a los que la vieron y no le ayudaron: "La gente pasaba y nadie se paró. Aquí nadie hace nada, nadie dice nada". Y así, a golpes y sin que nadie acudiera en su auxilio, hasta que "gracias a Dios" -ha dicho- llegó la policía y le detuvo. No al agresor, sino a él. El joven, camarero en un conocido restaurante de la zona de Chamartín, pasó detenido dos días acusado de resistencia a la autoridad. Nunca hasta ahora, según sus testimonio, había tenido problemas con la justicia, ni en España ni en su país.
"Los denunciantes somos también nosotros"
Eso sí, antes de ir al cuartelillo la policía le trasladó a un centro de salud, donde recibió 11 puntos en la ceja izquierda y ocho cerca de la sien derecha, de los que hoy ha dado constancia con un parte de lesiones y fotografías tomadas dos días después de la agresión. Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha confirmado que el dominicano estuvo detenido y que después pasó a disposición judicial acusado de "atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia". Según Alfredo, pasaron dos días hasta que en los Juzgados de Plaza de Castilla le dejaron en libertad, tras lo cual presentó una "reclamación" en Atocha y ahora prepara una "querella" con ayuda de la VOMADE. El dominicano habla en su denuncia de vigilantes del Metro, pero una portavoz de la empresa pública madrileña ha asegurado a esta web que el suceso se produjo "en instalaciones de Renfe, donde los vigilantes son de Renfe". La empresa de ferrocarriles, dependiente de Fomento, ha confirmado este extremo, aunque ha asegurado desconocer la naturaleza de los hechos, si fue una agresión racista o una "trifulca" causada por el joven.
Una portavoz de Renfe ha recordado que la seguridad en las estaciones está en manos privadas y que en este caso la adjudicataria es Segur Ibérica. Preguntada sobre si piensa pedirle responsabilidades, la portavoz ha indicado que el caso está abierto y que una vez se resuelva "judicial y policialmente" tomarán las medidas oportunas si fuera necesario. De confirmarse la acusación, podrían pedir la retirada de los implicados del servicio. ¿Es posible que la presunta paliza esté grabada? "Ni idea", contesta la misma fuente. Preguntada sobre su versión de los hechos, Segur Ibérica, del grupo Segur, no ha negado la mayor, pero ha respondido con un ataque: "Los denunciantes somos también nosotros". Una portavoz ha asegurado a ELPAÍS.com que la empresa ha puesto una denuncia contra el joven, al que acusa de haber agredido a uno de sus vigilantes. "La decisión sobre lo que pasará la tomará la autoridad judicial", se ha limitado a subrayar, negándose a aportar más datos sobre el número de implicados o sobre cómo se desarrollaron los hechos. Tampoco han querido precisar los supuestos daños sufridos por su trabajador.
El joven dominicano sí está seguro de que se trata de una agresión racista. "Ese negro", recuerda que oyó a uno de los guardias mientras estaba en el suelo. "He querido denunciar esto porque no quiero que esto le pase a más gente. Me pregunto qué habría pasado si me hubieran matado", ha preguntado, al tiempo que se ha lamentado de que, desde entonces, se encuentra "demolido". La víctima, que ha mostrado dos fotografías de las heridas suturadas que supuestamente los guardias le provocaron, ha presentado asimismo el parte médico en el que se recogen diversas contusiones en la espalda. "Esto no sólo pasa en Atocha, pasa a mucha gente en Sol y en Villaverde alto. Lo he visto con mucha gente de color", ha comentado uno de los amigos de Alfredo. La supuesta víctima ha decidido hacer pública su historia porque no quiere "que le pase a más gente, ni a españoles, ni a inmigrantes".
Un joven asegura haber recibido una "salvaje paliza" por parte de tres vigilantes de la estación.- La empresa de seguridad le denuncia a su vez por agredir a uno de sus trabajadores.
"El bono no me pasa y los guardias de seguridad me dan una paliza", que incluye 11 puntos en una ceja y ocho en la sien, el cuerpo amoratado y un parte médico de lesiones. Así ha resumido un inmigrante dominicano la pesadilla que sufrió el 28 de octubre en la estación Atocha de Madrid. El joven, Alfredo Díaz Marcelo, un camarero de 33 años, ha asegurado que recibió una "salvaje" tunda de palos por parte de tres vigilantes de seguridad de Metro, aunque una portavoz de esta empresa pública ha negado la acusación y ha sostenido que el suceso tuvo lugar en la zona de Cercanías de la estación múltiple. La empresa de ferrocarriles ha admitido este extremo, al tiempo que ha recordado que los vigilantes no son, en todo caso, trabajadores públicos. Para rizar el rizo, la propia empresa de seguridad denunciada se ha convertido en denunciante, ya que asegura que en la trifulca la supuesta víctima agredió a uno de sus empleados.
Díaz Marcelo ha denunciado su caso respaldado por representantes de la Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas-Voluntariado Integración Internacional de Trabajadores (VOMADE), que se presentará como "acusación particular" en la causa. Según ha relatado, los hechos ocurrieron pasada la medianoche en Atocha, cuando requirió la ayuda de un vigilante porque el abono no le "pasaba" por el torno cuando intentaba acceder a Metro. "No vinieron con buen carácter, sino con la mano en la porra", ha afirmado el dominicano. Según su testimonio, nada más preguntar a un vigilante si le podría cambiar el bono, éste llamó a un compañero y, sin intercambiar palabra alguna, la víctima recibió el "primer golpe" y comenzó la "paliza".
Así, Díaz ha relatado que la trifulca se produjo sin provocación alguna por su parte. El vigilante se abalanzó sobre él y el joven le agarró la mano, lo que provocó que el otro agente le golpeara en la cabeza, provocándole una herida en la ceja izquierda que le supuso 11 puntos de sutura. La sangre que le caía a borbotones por los ojos a causa de la herida en la ceja y otra en la cabeza no le permitió ver con claridad a sus agresores. "Después me tiraron al suelo y me dieron en la espalda y en la cabeza", ha asegurado Alfredo, que viajaba solo y volvía de hacer compras. Según su relato, no tardaron en llegar más agentes, que le retuvieron hasta la llegada de la Policía. Además de la agresión, el joven critica a los que la vieron y no le ayudaron: "La gente pasaba y nadie se paró. Aquí nadie hace nada, nadie dice nada". Y así, a golpes y sin que nadie acudiera en su auxilio, hasta que "gracias a Dios" -ha dicho- llegó la policía y le detuvo. No al agresor, sino a él. El joven, camarero en un conocido restaurante de la zona de Chamartín, pasó detenido dos días acusado de resistencia a la autoridad. Nunca hasta ahora, según sus testimonio, había tenido problemas con la justicia, ni en España ni en su país.
"Los denunciantes somos también nosotros"
Eso sí, antes de ir al cuartelillo la policía le trasladó a un centro de salud, donde recibió 11 puntos en la ceja izquierda y ocho cerca de la sien derecha, de los que hoy ha dado constancia con un parte de lesiones y fotografías tomadas dos días después de la agresión. Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía ha confirmado que el dominicano estuvo detenido y que después pasó a disposición judicial acusado de "atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia". Según Alfredo, pasaron dos días hasta que en los Juzgados de Plaza de Castilla le dejaron en libertad, tras lo cual presentó una "reclamación" en Atocha y ahora prepara una "querella" con ayuda de la VOMADE. El dominicano habla en su denuncia de vigilantes del Metro, pero una portavoz de la empresa pública madrileña ha asegurado a esta web que el suceso se produjo "en instalaciones de Renfe, donde los vigilantes son de Renfe". La empresa de ferrocarriles, dependiente de Fomento, ha confirmado este extremo, aunque ha asegurado desconocer la naturaleza de los hechos, si fue una agresión racista o una "trifulca" causada por el joven.
Una portavoz de Renfe ha recordado que la seguridad en las estaciones está en manos privadas y que en este caso la adjudicataria es Segur Ibérica. Preguntada sobre si piensa pedirle responsabilidades, la portavoz ha indicado que el caso está abierto y que una vez se resuelva "judicial y policialmente" tomarán las medidas oportunas si fuera necesario. De confirmarse la acusación, podrían pedir la retirada de los implicados del servicio. ¿Es posible que la presunta paliza esté grabada? "Ni idea", contesta la misma fuente. Preguntada sobre su versión de los hechos, Segur Ibérica, del grupo Segur, no ha negado la mayor, pero ha respondido con un ataque: "Los denunciantes somos también nosotros". Una portavoz ha asegurado a ELPAÍS.com que la empresa ha puesto una denuncia contra el joven, al que acusa de haber agredido a uno de sus vigilantes. "La decisión sobre lo que pasará la tomará la autoridad judicial", se ha limitado a subrayar, negándose a aportar más datos sobre el número de implicados o sobre cómo se desarrollaron los hechos. Tampoco han querido precisar los supuestos daños sufridos por su trabajador.
El joven dominicano sí está seguro de que se trata de una agresión racista. "Ese negro", recuerda que oyó a uno de los guardias mientras estaba en el suelo. "He querido denunciar esto porque no quiero que esto le pase a más gente. Me pregunto qué habría pasado si me hubieran matado", ha preguntado, al tiempo que se ha lamentado de que, desde entonces, se encuentra "demolido". La víctima, que ha mostrado dos fotografías de las heridas suturadas que supuestamente los guardias le provocaron, ha presentado asimismo el parte médico en el que se recogen diversas contusiones en la espalda. "Esto no sólo pasa en Atocha, pasa a mucha gente en Sol y en Villaverde alto. Lo he visto con mucha gente de color", ha comentado uno de los amigos de Alfredo. La supuesta víctima ha decidido hacer pública su historia porque no quiere "que le pase a más gente, ni a españoles, ni a inmigrantes".
Detenido por amenazar y agredir al vigilante y la encargada de un supermercado
elmundo.es, 5/11/08 - Valencia
Un hombre ha sido detenido en Valencia como presunto autor de un delito de amenazas y agresiones a un vigilante de seguridad de un supermercado y a una encargada, según un comunicado de la Policía Local.
Un hombre ha sido detenido en Valencia como presunto autor de un delito de amenazas y agresiones a un vigilante de seguridad de un supermercado y a una encargada, según un comunicado de la Policía Local.
El suceso se produjo este martes sobre las 15.00 horas, cuando el detenido, de 39 años y natural de Albacete, fue sorprendido supuestamente "escondiéndose productos del establecimiento sin intención de pagar" y comenzó a insultar y a agredir al vigilante.
Las mismas fuentes han explicado que al detenido se le unieron varios familiares que se encontraban con él, quienes antes de abandonar el lugar participaron también en la agresión a la encargada del supermercado, que se acercó para mediar en la reyerta.
Tras una batida por la zona para localizar a los agresores, el vigilante de seguridad reconoció a la persona que le había comenzado a agredir, quien insultó y amenazó de muerte a los agentes, e incluso agredió a uno de ellos, produciéndole lesiones.
Debido al "cariz agresivo que había tomado la situación", se identificó y se detuvo al supuesto agresor, han asegurado las mismas fuentes.
Cataluna podrá ejercer las competencias en seguridad privada que recoge el estatuto
ecodiario.es, 4/11/08 - Barcelona
El Gobierno catalán ya puede ejercer totalmente las competencias de seguridad privada que han sido otorgadas a la Generalitat a través del artículo 163 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El Gobierno catalán ya puede ejercer totalmente las competencias de seguridad privada que han sido otorgadas a la Generalitat a través del artículo 163 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Estas atribuciones incluyen la autorización, la inspección, el control y la sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en la comunidad, así como la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Cataluña.
El Consejo de Gobierno aprobó hoy la modificación del decreto de seguridad privada de 1995 que, a partir de las competencias que corresponden a la Generalitat, determina los órganos del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, al que corresponde ejercerlas.
Este es el último paso necesario por poder asumir plenamente las atribuciones en esta materia por parte de la Generalitat. Desde la aprobación del Estatuto, la Generalitat pasó a ser competente para inspeccionar y sancionar todas las actividades de seguridad privada que se cumplan en Cataluña.
Hasta entonces, estas competencias estaban limitadas a las empresas de seguridad que tenían el domicilio social en Cataluña y su ámbito de actuación estaba limitado a la comunidad autónoma.
Además, con el nuevo Estatuto las autorizaciones de los centros de formación del personal de seguridad privada que desarrollen su actividad en Catalunya también pasa a ser competencia de la Generalitat, a través del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que asume estas competencias.
El fiscal pide 43 años para los dos acusados del asesinato de un vigilante en Mos
farodevigo.es, 5/11/08 - Vigo
Un total de 43 años de cárcel. Esta es la pena que solicita el fiscal para Roi Caride Ballesteros, de 23 años, y Manuel Dos Anjos Machado, de 21, acusados de atracar y matar al joven vigilante de seguridad Xosé Álvarez Nión, de 22 años, que recibió dos tiros en la cabeza dentro de un coche cuando realizaba la ronda en el polígono industrial de O_Rebullón, en Mos, el 15 de agosto de 2007. El Ministerio Público pide 17 años y seis meses de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de homicidio, y otros cuatro por un robo con violencia e intimidación con uso de armas. Fija, además, la indemnización para la madre de la víctima en 150.000 euros por los daños morales sufridos.
El juez de Instrucción número 3 de Porriño ha cerrado la instrucción del caso y dictó el pasado martes auto de apertura de juicio oral con tribunal del jurado, por lo que la causa será remitida a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo encargada de celebrar la vista y poner la fecha del juicio.
El asesinato del joven de Teis, Xosé Álvarez, tuvo lugar el 15 de agosto de 2007. El fiscal sostiene que entre las 11.30 y las 13.00 horas de aquella mañana Roi Caride Ballesteros y Manuel Dos Anjos Machado se dirigieron en un Renault Clio -sustraído por Dos Anjos- a la explanada del polígono industrial de O_Rebullón. Allí detectaron la presencia de un joven en el interior de otro vehículo aparcado, un Ranult Megane propiedad de "Pórtico S.L." que realizaba funciones de guardia y seguridad para la empresa Servimax (filial de Prosegur), por lo que "de común acuerdo y con el ánimo de obtener un beneficio ilícito", deciden "ir a darle un palo".
El relato de la Fiscalía explica que Roi Caride entregó a Manuel una carabina semiautomática del calibre 22 que llevaba entre las piernas y que Dos Anjos había robado a su tío. Éste se dirigió hacia Xosé Álvarez Nión. "Al estar junto a él le apuntó a la cabeza, viendo esto y asumiendo que el arma podría ser utilizada por Manuel, Roi Caride se colocó delante del vehículo para impedir que Xosé Álvarez pudiera escapar con el coche".
El Ministerio Público añade que al darse cuenta de que le estaban encañonando con un arma, el joven vigilante "intenta accionar la llave de encendido de su coche, momento en el cual Manuel Dos Anjos, con ánimo homicida, dispara a la cabeza de Xosé", alcanzándole la bala la masa encefálica a nivel frontal del lóbulo izquierdo. Poco después lo remataría con un segundo disparo.
El auto de apertura oral del juicio dictado por el juez de instrucción de O_Porriño ahonda en estos hechos. Establece que los dos acusados tenían el propósito de atracar a la víctima, pero el primer disparo no le causó de forma inmediata la muerte, por lo que Manuel dos Anjos "le asestó un segundo disparo, tras el que falleció". Entonces robaron las pertenencias del muerto, si bien el joven sólo tenía un teléfono móvil.
La acusación particular que representa a la familia de la víctima, eleva la petición de penas a 20 años para cada uno por un delito de asesinato y otros 5 por el delito de robo. Las defensas de los procesados piden su libre absolución.
Los procesados iban en un coche robado y también el arma había sido sustraída
"Acaba con él , acaba con él". Con esta frase Roi Caride urgió a su amigo Manuel Dos Anjos que rematara al joven vigilante Xosé Álvarez una vez que ya había recibido un primer disparo, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. El vigilante seguía moviéndose y murmurando en voz baja, por lo que Roi le dijo a Manuel "acaba con él, acaba con él", según el escrito de acusación.
El Ministerio Público expone que Manuel, viendo que el vigilante seguía dentro de su coche y que la puerta estaba cerrada, "con el ánimo de apropiarse de lo que la víctima pudiera tener en el interior y utilizando un objeto contundente, rompe el cristal de la ventanilla, le pone el cañón del arma en la garganta y efectúa un segundo disparo a bocajarro, dejando Xosé Álvarez Nión de moverse".
Este segundo disparo provocó una herida cervical y fracturó una vértebra al joven, que falleció. A continuación, siempre según el relato de los hechos de la Fiscalía, los dos acusados abrieron el coche y Manuel registró tanto los bolsillos del joven vigilante como el vehículo. Roi le sugirió a su amigo que buscara si había una cartera, apoderándose él del móvil de la víctima. Los dos acusados, según el Ministerio Público, realizaron varias llamadas con dicho teléfono hasta que lo tiraron, no habiendo sido recuperado.
La Fiscalía sostiene que ambos acusados "eran conocedores de que el guarda de seguridad estaba desarmado". Tras el crimen, según declararon algunos testigos que coincidieron con ellos, los dos amigos se fueron fe fiesta a celebrar San Roque en Vigo y habrían contado lo ocurrido a varios amigos.
Ambos procesados fueron detenidos horas después por la Policía Nacional en Vigo cuando intentaban forzar la gasolinera de un híper. Circulaban en el mismo coche robado y en su poder tenían la carabina con la que mataron al vigilante. El juzgado de Instrucción 5 de Vigo sigue la causa por este robo, así como por la sustracción del vehículo y del arma.
Un total de 43 años de cárcel. Esta es la pena que solicita el fiscal para Roi Caride Ballesteros, de 23 años, y Manuel Dos Anjos Machado, de 21, acusados de atracar y matar al joven vigilante de seguridad Xosé Álvarez Nión, de 22 años, que recibió dos tiros en la cabeza dentro de un coche cuando realizaba la ronda en el polígono industrial de O_Rebullón, en Mos, el 15 de agosto de 2007. El Ministerio Público pide 17 años y seis meses de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de homicidio, y otros cuatro por un robo con violencia e intimidación con uso de armas. Fija, además, la indemnización para la madre de la víctima en 150.000 euros por los daños morales sufridos.
El juez de Instrucción número 3 de Porriño ha cerrado la instrucción del caso y dictó el pasado martes auto de apertura de juicio oral con tribunal del jurado, por lo que la causa será remitida a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo encargada de celebrar la vista y poner la fecha del juicio.
El asesinato del joven de Teis, Xosé Álvarez, tuvo lugar el 15 de agosto de 2007. El fiscal sostiene que entre las 11.30 y las 13.00 horas de aquella mañana Roi Caride Ballesteros y Manuel Dos Anjos Machado se dirigieron en un Renault Clio -sustraído por Dos Anjos- a la explanada del polígono industrial de O_Rebullón. Allí detectaron la presencia de un joven en el interior de otro vehículo aparcado, un Ranult Megane propiedad de "Pórtico S.L." que realizaba funciones de guardia y seguridad para la empresa Servimax (filial de Prosegur), por lo que "de común acuerdo y con el ánimo de obtener un beneficio ilícito", deciden "ir a darle un palo".
El relato de la Fiscalía explica que Roi Caride entregó a Manuel una carabina semiautomática del calibre 22 que llevaba entre las piernas y que Dos Anjos había robado a su tío. Éste se dirigió hacia Xosé Álvarez Nión. "Al estar junto a él le apuntó a la cabeza, viendo esto y asumiendo que el arma podría ser utilizada por Manuel, Roi Caride se colocó delante del vehículo para impedir que Xosé Álvarez pudiera escapar con el coche".
El Ministerio Público añade que al darse cuenta de que le estaban encañonando con un arma, el joven vigilante "intenta accionar la llave de encendido de su coche, momento en el cual Manuel Dos Anjos, con ánimo homicida, dispara a la cabeza de Xosé", alcanzándole la bala la masa encefálica a nivel frontal del lóbulo izquierdo. Poco después lo remataría con un segundo disparo.
El auto de apertura oral del juicio dictado por el juez de instrucción de O_Porriño ahonda en estos hechos. Establece que los dos acusados tenían el propósito de atracar a la víctima, pero el primer disparo no le causó de forma inmediata la muerte, por lo que Manuel dos Anjos "le asestó un segundo disparo, tras el que falleció". Entonces robaron las pertenencias del muerto, si bien el joven sólo tenía un teléfono móvil.
La acusación particular que representa a la familia de la víctima, eleva la petición de penas a 20 años para cada uno por un delito de asesinato y otros 5 por el delito de robo. Las defensas de los procesados piden su libre absolución.
Los procesados iban en un coche robado y también el arma había sido sustraída
"Acaba con él , acaba con él". Con esta frase Roi Caride urgió a su amigo Manuel Dos Anjos que rematara al joven vigilante Xosé Álvarez una vez que ya había recibido un primer disparo, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. El vigilante seguía moviéndose y murmurando en voz baja, por lo que Roi le dijo a Manuel "acaba con él, acaba con él", según el escrito de acusación.
El Ministerio Público expone que Manuel, viendo que el vigilante seguía dentro de su coche y que la puerta estaba cerrada, "con el ánimo de apropiarse de lo que la víctima pudiera tener en el interior y utilizando un objeto contundente, rompe el cristal de la ventanilla, le pone el cañón del arma en la garganta y efectúa un segundo disparo a bocajarro, dejando Xosé Álvarez Nión de moverse".
Este segundo disparo provocó una herida cervical y fracturó una vértebra al joven, que falleció. A continuación, siempre según el relato de los hechos de la Fiscalía, los dos acusados abrieron el coche y Manuel registró tanto los bolsillos del joven vigilante como el vehículo. Roi le sugirió a su amigo que buscara si había una cartera, apoderándose él del móvil de la víctima. Los dos acusados, según el Ministerio Público, realizaron varias llamadas con dicho teléfono hasta que lo tiraron, no habiendo sido recuperado.
La Fiscalía sostiene que ambos acusados "eran conocedores de que el guarda de seguridad estaba desarmado". Tras el crimen, según declararon algunos testigos que coincidieron con ellos, los dos amigos se fueron fe fiesta a celebrar San Roque en Vigo y habrían contado lo ocurrido a varios amigos.
Ambos procesados fueron detenidos horas después por la Policía Nacional en Vigo cuando intentaban forzar la gasolinera de un híper. Circulaban en el mismo coche robado y en su poder tenían la carabina con la que mataron al vigilante. El juzgado de Instrucción 5 de Vigo sigue la causa por este robo, así como por la sustracción del vehículo y del arma.
Fallece la vigilante que resultó herida grave en una obra de Arroyomolinos
ecodiario.es, 4/11/08 - Madrid
La vigilante de seguridad que resultó herida de gravedad el pasado 29 de septiembre en Arroyomolinos al caerle encima la puerta de la obra en la que trabajaba ha fallecido tras permanecer un mes en coma, según ha informado hoy el sindicato UGT.
La vigilante de seguridad que resultó herida de gravedad el pasado 29 de septiembre en Arroyomolinos al caerle encima la puerta de la obra en la que trabajaba ha fallecido tras permanecer un mes en coma, según ha informado hoy el sindicato UGT.
UGT ha explicado que Pilar Muñoz, de 54 años, ha fallecido en el hospital 12 de Octubre tras permanecer más de un mes en coma como resultado del accidente.
La trabajadora resultó herida muy grave el pasado 29 de septiembre tras cerrar la puerta metálica corredera de la obra de una subestación eléctrica de Iberdrola, en la que trabajaba, según ha recordado hoy UGT.
El sindicato ha denunciado que la puerta, que pesaba varios cientos de kilos, representaba un grave riesgo desde hacía tres meses, ya que no tenía ningún mecanismo de seguridad, ni eléctrico ni mecánico, lo que hizo que se saliese de las guías.
La trabajadora sufrió graves secuelas al queda atrapada por la cabeza y ha estado en coma más de un mes en el hospital 12 de Octubre, en el que finalmente ha fallecido.
Su muerte eleva a 108 el número de personas fallecidas en accidente laboral en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, "muchos de los cuales se podrían haber evitado si se cumpliese la ley", según ha explicado UGT.
El sindicato ha trasladado su pésame y solidaridad a los familiares y allegados de Pilar Muñoz y ha expresado su profundo rechazo y denuncia ante estos accidentes, que ocurren "por falta de aplicación de las normas laborales relativas a la seguridad de los trabajadores".
miércoles, 5 de noviembre de 2008
La Policía Local dejará la custodia de edificios para salir a la calle
laopiniondegranada.es, 4/11/08 - Granada
Con esta medida se lograría ‘aprovechar’ a unos 80 agentes para funciones de seguridad ciudadana o tráfico. El Ayuntamiento vigilará los edificios públicos mediante seguridad privada y un centro de control propio.
El Ayuntamiento de Granada planea encomendar a empresas de seguridad privada los servicios de custodia de los edificios municipales que en la actualidad están vigilados de día y de noche por agentes de la Policía Local. La reestructuración depende de la aprobación en los próximos presupuestos locales de una partida económica encaminada a crear un centro de control de seguridad que se encargaría de la vigilancia de todos los palacios y edificios propiedad del Consistorio.
Las fuentes municipales consultadas por este periódico confirmaron ayer que la intención del área de Protección Ciudadana es reubicar en otros destinos más operativos a los ochenta policías locales que en la actualidad están adscritos al servicio de custodias. Los agentes pasarían de esta forma a reforzar la plantilla de funcionarios que se encargan de la seguridad ciudadana o el control del tráfico en la capital.
Unificación del control. La Policía Local se encarga tradicionalmente de la vigilancia en lugares como elCarmen de los Mártires, el Palacio de los Córdova o el Cuarto Real de Santo Domingo. Así hasta una decena de inmuebles. El resto de propiedades del Ayuntamiento están protegidas con seguridad privada, bien con sistemas de alarma o con vigilantes jurados.
La intención actual es “unificar todos los servicios de custodias” encargándolos a empresas especializadas en seguridad, según informaron las fuentes consultadas. El control de toda la seguridad de los edificios quedaría a cargo del área de Protección Ciudadana, que dispondrá –si se aprueba la partida presupuestaria correspondiente– de un centro de gestión desde el que se controlarán todas las cámaras y alarmas de los inmuebles municipales.
La Policía Local asumiría, según las fuentes, una “vigilancia periódica” por esos puntos, “con patrullas que harían rondas pero sin necesidad de estar presentes las 24 horas en esas zonas” ya que la custodia quedaría en manos de las empresas privadas. La propuesta es rentable también desde el punto de vista económico porque al Ayuntamiento de Granada “le cuesta más un policía local que un guarda jurado” para cubrir un puesto de vigilancia estática.
Los únicos edificios que seguirán controlados permanentemente por los agentes municipales serán el Ayuntamiento de Granada, el complejo administrativo de Los Mondragones y la Huerta del Rasillo, sede la Policía Local. La descentralización actual de los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Granada en esta materia obliga, por ejemplo, a la Policía Local a pedir autorización a la Concejalía de Personal y Servicios Generales para instalar unas cámaras de seguridad en la Huerta del Rasillo ya que este tipo de contrataciones dependen directamente del área que dirige Juan Antonio Fuentes. La intención es que dentro de una meses toda la gestión de la vigilancia y las alarmas dependa de la Concejalía de Protección Ciudadana.
Con esta medida se lograría ‘aprovechar’ a unos 80 agentes para funciones de seguridad ciudadana o tráfico. El Ayuntamiento vigilará los edificios públicos mediante seguridad privada y un centro de control propio.
El Ayuntamiento de Granada planea encomendar a empresas de seguridad privada los servicios de custodia de los edificios municipales que en la actualidad están vigilados de día y de noche por agentes de la Policía Local. La reestructuración depende de la aprobación en los próximos presupuestos locales de una partida económica encaminada a crear un centro de control de seguridad que se encargaría de la vigilancia de todos los palacios y edificios propiedad del Consistorio.
Las fuentes municipales consultadas por este periódico confirmaron ayer que la intención del área de Protección Ciudadana es reubicar en otros destinos más operativos a los ochenta policías locales que en la actualidad están adscritos al servicio de custodias. Los agentes pasarían de esta forma a reforzar la plantilla de funcionarios que se encargan de la seguridad ciudadana o el control del tráfico en la capital.
Unificación del control. La Policía Local se encarga tradicionalmente de la vigilancia en lugares como elCarmen de los Mártires, el Palacio de los Córdova o el Cuarto Real de Santo Domingo. Así hasta una decena de inmuebles. El resto de propiedades del Ayuntamiento están protegidas con seguridad privada, bien con sistemas de alarma o con vigilantes jurados.
La intención actual es “unificar todos los servicios de custodias” encargándolos a empresas especializadas en seguridad, según informaron las fuentes consultadas. El control de toda la seguridad de los edificios quedaría a cargo del área de Protección Ciudadana, que dispondrá –si se aprueba la partida presupuestaria correspondiente– de un centro de gestión desde el que se controlarán todas las cámaras y alarmas de los inmuebles municipales.
La Policía Local asumiría, según las fuentes, una “vigilancia periódica” por esos puntos, “con patrullas que harían rondas pero sin necesidad de estar presentes las 24 horas en esas zonas” ya que la custodia quedaría en manos de las empresas privadas. La propuesta es rentable también desde el punto de vista económico porque al Ayuntamiento de Granada “le cuesta más un policía local que un guarda jurado” para cubrir un puesto de vigilancia estática.
Los únicos edificios que seguirán controlados permanentemente por los agentes municipales serán el Ayuntamiento de Granada, el complejo administrativo de Los Mondragones y la Huerta del Rasillo, sede la Policía Local. La descentralización actual de los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Granada en esta materia obliga, por ejemplo, a la Policía Local a pedir autorización a la Concejalía de Personal y Servicios Generales para instalar unas cámaras de seguridad en la Huerta del Rasillo ya que este tipo de contrataciones dependen directamente del área que dirige Juan Antonio Fuentes. La intención es que dentro de una meses toda la gestión de la vigilancia y las alarmas dependa de la Concejalía de Protección Ciudadana.
Grupos de vigilantes armados patrullan las líneas más 'calientes' de Renfe
20minutos.es, 31/10/08 - Madrid
Alberto (el nombre es figurado) comienza su tarea poco antes del amanecer. Como cada día, llega al punto de relevo (estación de Atocha) desconociendo cual será el destino de la jornada. Sólo sabe que se enfrenta a más de 12 horas de trabajo.
Así empieza el día para los empleados de los Grupos Operativos de Protección. Sus miembros son una especie de unidades de élite de seguridad privada que patrullan armados y a los que Renfe emplea para vigilar las zonas más conflictivas de la red de Cercanías.
Por ley, estos vigilantes sólo pueden llevar armas si lo autoriza la delegación del Gobierno. Según cartas remitidas a 20 minutos, algunos usuarios los acusan de ejercer "demasiada violencia".
La media de edad de los miembros de estos grupos está entre los 25 y los 35 años
"Sí, en una ocasión, después de llevar media hora aguantando Te voy a matar eres una mierda... mientras esperaba a la Policía se me escapó un bofetón", reconoce un ex jefe de los grupos que prefiere mantener el anonimato, que sin embargo rechaza que sus integrantes sean violentos. "No se nos va la mano" asegura uno de los efectivos.
Según ha podido saber 20 minutos, Renfe contrató este servicio hace unos ocho años bajo la directriz de "actuar con contundencia". Entonces eran una treintena los empleados de este operativo especial. Hoy son más de un centenar que se distribuyen en unos 30 grupos de cuatro personas cada uno y que van armados. La media de edad oscila entre los 25 y los 35 años.
Las empresas de seguridad prestatarias del servicio (Segur Ibérica y LPM) no han querido pronunciarse y Renfe no reconoce su existencia. Según dicen fuentes de la compañía ferroviaria, la única motivación de la empresa "es garantizar la seguridad de los usuarios".
Zonas conflictivas
Móstoles-El Soto, Parla, Puente Alcocer, Getafe Central, Villaverde, Las Margaritas... son algunas de las estaciones de la C-4 y la C-5 de Cercanías donde puede verse al operativo y que pasan por ser las "zonas calientes" de la red.
Éstas y el área de la sierra norte de Madrid, especialmente Cercedilla, donde Renfe exige desde febrero exige la presencia de "plantones", personal en labores de vigilancia permanente de vías y playas (lugares donde están los convoyes inutilizados y muy del gusto de los grafiteros) y a lo que se dedican el 50% de los grupos operativos.
"La gente no lo sabe, pero se están asaltando trenes completos a los que acceden hasta 30 magrebíes a la vez, que cuelgan piedras de los puentes para lanzarlas sobre la cabina, que intervenimos catanas, ballestas, puñales...", explican.
Por su parte, desde la Federación de Seguridad Privada de CC OO hacen hincapié en que "los vigilantes de seguridad están bien preparados" y que "no se puede estigmatizar" a un sector profesional de 27.000 personas en la región por "lo que puedan hacer dos o tres personas" del colectivo.
Alberto (el nombre es figurado) comienza su tarea poco antes del amanecer. Como cada día, llega al punto de relevo (estación de Atocha) desconociendo cual será el destino de la jornada. Sólo sabe que se enfrenta a más de 12 horas de trabajo.
Así empieza el día para los empleados de los Grupos Operativos de Protección. Sus miembros son una especie de unidades de élite de seguridad privada que patrullan armados y a los que Renfe emplea para vigilar las zonas más conflictivas de la red de Cercanías.
Por ley, estos vigilantes sólo pueden llevar armas si lo autoriza la delegación del Gobierno. Según cartas remitidas a 20 minutos, algunos usuarios los acusan de ejercer "demasiada violencia".
La media de edad de los miembros de estos grupos está entre los 25 y los 35 años
"Sí, en una ocasión, después de llevar media hora aguantando Te voy a matar eres una mierda... mientras esperaba a la Policía se me escapó un bofetón", reconoce un ex jefe de los grupos que prefiere mantener el anonimato, que sin embargo rechaza que sus integrantes sean violentos. "No se nos va la mano" asegura uno de los efectivos.
Según ha podido saber 20 minutos, Renfe contrató este servicio hace unos ocho años bajo la directriz de "actuar con contundencia". Entonces eran una treintena los empleados de este operativo especial. Hoy son más de un centenar que se distribuyen en unos 30 grupos de cuatro personas cada uno y que van armados. La media de edad oscila entre los 25 y los 35 años.
Las empresas de seguridad prestatarias del servicio (Segur Ibérica y LPM) no han querido pronunciarse y Renfe no reconoce su existencia. Según dicen fuentes de la compañía ferroviaria, la única motivación de la empresa "es garantizar la seguridad de los usuarios".
Zonas conflictivas
Móstoles-El Soto, Parla, Puente Alcocer, Getafe Central, Villaverde, Las Margaritas... son algunas de las estaciones de la C-4 y la C-5 de Cercanías donde puede verse al operativo y que pasan por ser las "zonas calientes" de la red.
Éstas y el área de la sierra norte de Madrid, especialmente Cercedilla, donde Renfe exige desde febrero exige la presencia de "plantones", personal en labores de vigilancia permanente de vías y playas (lugares donde están los convoyes inutilizados y muy del gusto de los grafiteros) y a lo que se dedican el 50% de los grupos operativos.
"La gente no lo sabe, pero se están asaltando trenes completos a los que acceden hasta 30 magrebíes a la vez, que cuelgan piedras de los puentes para lanzarlas sobre la cabina, que intervenimos catanas, ballestas, puñales...", explican.
Por su parte, desde la Federación de Seguridad Privada de CC OO hacen hincapié en que "los vigilantes de seguridad están bien preparados" y que "no se puede estigmatizar" a un sector profesional de 27.000 personas en la región por "lo que puedan hacer dos o tres personas" del colectivo.
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