laverdad.es, 18/01/10 - Albacete
Las multas, que pueden alcanzar los 600.000 euros, se duplicaron en 2009
El intrusismo ha sido siempre un problema en el sector de la vigilancia privada. Pero con la crisis se ha agravado. Las empresas meten la tijera a sus gastos y terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas pueden alcanzar los 600.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio de Interior.
Sólo pueden llevar porra y grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén autorizados. Y éstos sólo deben hacer las funciones que le encomienda la ley no están, por ejemplo, para supervisar una caldera de calefacción o recoger los carritos del supermercado. Lo suyo es vigilar para garantizar la seguridad.
Para ser vigilante de seguridad es necesario superar una formación en un centro reglado, en Albacete hay tres. Y después aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física, además de aportar el oportuno reconocimiento médico. Superadas esas pruebas, que se hacen en Valencia, ya se tiene la habilitación para trabajar como vigilante, pero no pueden hacerlo directamente, sino que estos profesionales tienen que estar contratados siempre a través de una empresa.
Bajos sueldos
El sueldo de un vigilante no es que sea para tirar cohetes, poco más de 1.000 euros brutos al mes fija el convenio, aunque aquellos que hacen horas extras o trabajan por las noches pueden ganar algo más, hasta unos 1.200 euros si trabajan ocho horas nocturnas, apuntan fuentes sindicales. Pese a ello, recurrir a personal sin habilitación sale más barato, pues un auxiliar no cobra más allá del salario mínimo interprofesional, 633 euros brutos mensuales por doce pagas.
«Nosotros hacemos infinidad de denuncias, pero no es fácil demostrar que alguien que está como conserje al mismo tiempo hace de vigilante», explica Francisco Marcos Salvador, delegado de CC OO en este sector, que resalta la voluntad de la Policía Nacional por evitar la presencia de estos intrusos, pero se queja de la falta de medios para ejercer un mayor control policial.
Este control es cosa de la Unidad Provincial de Seguridad Privada, cuyo responsable, el subinspector jefe, Sebastián Sotos, hace todo lo posible por acabar con el intrusismo en este sector. Siempre que conocen un posible caso, allá que se presentan y no dudan, por ejemplo, en simular un robo para comprobar si aquel que está en la puerta como conserje, a la hora de la verdad ejerce como vigilante, una prueba que les sirvió para demostrar un caso de intrusismo en una perfumería de la capital hace poco.
El subinspector jefe advierte a las empresas de que si en uno de estos controles son 'cazadas', «no les va a compensar» el ahorro de costes, «porque a quien incumple la norma, se le sanciona» y las multas van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros.
«No tenemos un afán recaudatorio, lo que queremos es que las empresas funcionen lo mejor posible», recalca este responsable policial, por eso antes de llegar a la sanción se suele hablar con las empresas para apercibirles de que no están actuando debidamente.
La decisión última de si se impone o no una multa es cosa de la Subdelegación del Gobierno, pero el subinspector Sotos destaca la «buena sintonía» que existe entre la policía y la autoridad gubernativa. Sólo el año pasado se impusieron 12 sanciones por intrusismo, el doble de las que solían ser habituales. Uno de los casos de intrusismo más grave se detectó en Albacete hace unos tres años, en pleno boom del ladrillo, en las obras de urbanización de la barriada construida en torno a la Facultad de Medicina. Tras una fuerte campaña de inspecciones, la Policía Nacional terminó deteniendo y enviando a prisión al cabecilla de un clan gitano que presionaba hasta conseguir que los contratasen como vigilantes en las obras.
En la provincia de Albacete habrá unos 500 vigilantes privados en activo. Y entre la crisis y estos casos de intrusismo cada vez lo tienen más difícil para encontrar trabajo.
Mucho paro en el sector
Empresas que cierran; fábricas, centros comerciales o establecimientos públicos que optan por recortar en horas de servicio e instalaciones donde directamente se opta por prescindir de la vigilancia personal y confían toda su seguridad a otros sistemas. «Quito el vigilante y dejo la alarma y si me roban, pues mala suerte, recurro al seguro, es lo que piensan algunos», explica el subinspector Sotos, que añade que si esto se hace en Albacete es porque la provincia es bastante segura y no tiene un nivel excesivo de robos.
Sólo un ejemplo, hasta no hace mucho, todos los huertos solares tenían un vigilante, ahora casi ninguno cuenta con la presencia física de estos profesionales.
Por eso el paro está tocando de lleno a este sector, y que según CC OO, hasta las administraciones públicas están recortando horas de servicio en su vigilancia. Si hasta hacer poco más de un año, las empresas de vigilancia andaban como locos buscando profesionales habilitados, ahora eso no sucede, «me atrevería a decir que de los más de 300 vigilantes nuevos que se habilitaron el año pasado, no ha trabajado ninguno», acierta a decir el subinspector Sotos, que señala el punto de inflexión en enero de 2009. Y el número de vigilantes en paro aumenta no sólo porque haya menos trabajo, sino también porque muchos parados han visto en este oficio una posible salida a su situación -debido, además, a que se les ofertan cursos subvencionados para formarse en este campo-, de tal manera que si antes las promociones de vigilantes eran de 30 personas, ahora son de 80.
Atrás quedaron los tiempos en los que hablaba de un déficit de 20.000 vigilantes en toda España, -de eso hace unos tres años-, que llevaba a pedir a las empresas un cambio legislativo que permitiese entrar a los inmigrantes extracomunitarios en la seguridad privada.
