Serramar consigue un nuevo contrato público a pesar de los impagos a los vigilantes del CETI

Serramar consigue un nuevo contrato público a pesar de los impagos a los vigilantes del CETI.

Serramar vuelve a ser la adjudicataria del servicio de vigilancia de la Residencia de Mayores del Imserso de Melilla. A pesar de los problemas de la empresa, que ha sido denunciada a la Inspección del Trabajo por el impago de nóminas a los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ésta ha logrado hacerse con un nuevo contrato público. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la formalización del contrato, por el que Serramar se embolsará 211.190 euros. El criterio que ha seguido el Ministerio de Sanidad para elegirla es que su oferta económica ha sido la más ventajosa, según se explica en el BOE, ya que el presupuesto de licitación era de 230.414 euros, es decir, que con la elección de Serramar la administración ‘se ahorra’ casi 20.000 euros.
Los trabajadores del CETI acogen esta decisión con indignación. Uno de los representantes sindicales de los empleados, Dámaso García, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que no entienden que una empresa que debe dinero a los trabajadores y que ha demostrado, no sólo en Melilla sino también en otras ciudades, que no cumple con su compromiso, vuelva a beneficiarse de un nuevo contrato público.
García aseguró que se trata de un tema que ya han tratado en varias ocasiones y que de hecho preguntaron a la Delegación del Gobierno por qué una empresa con problemas o que no es del todo solvente vuelve a ganar un concurso público. El trabajador apuntó que lo único que puede provocar este tipo de decisión es que el conflicto laboral que ellos están viviendo se repita en otros centros y con otros trabajadores.
El representante sindical apuntó, no obstante, que ya “no le extraña nada”, aunque apostilló que este tipo de situaciones, que se repiten en otras regiones y con otras empresas, no deberían de permitirse.
Hay que recordar que los trabajadores del servicio de vigilancia del CETI presentaron la semana pasada una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que se quejaban de que la empresa se retrasaba en el pago de los salarios y además no les entregaban las nóminas. Unos días después Serramar les ingresó el sueldo de junio en dos plazos y ayer mismo algunos de los empleados recibieron parte de los salarios de julio.
Sin embargo, los trabajadores siguen sin tener seguridad en la empresa, con la que los problemas se vienen repitiendo desde hace meses. García explicó hace unos días en este periódico que Serramar se había acostumbrado a pagarle cada dos o tres meses y apuntó que para una familia es muy complicado hacer frente a sus pagos sino recibe su salario de forma puntual.
Asimismo, indicó que era probable que en agosto volviera a repetirse la situación y los pagos se retrasasen de nuevo, con los problemas que esto conlleva para los trabajadores.
Ahora, la noticia de que Serramar se encargará de un nuevo contrato supone otro varapalo para estos trabajadores que tienen previsto reanudar sus protestas la próxima semana frente a la Delegación del Gobierno. Los empleados exigen que la empresa cumpla con su compromiso y que les pague tal y como está estipulado en sus contratos, una petición sencilla, pero que a juzgar por la situación está resultando complicada de cumplir.
Además, el mes que viene tienen previsto reunirse con la Inspección del Trabajo para intentar que la organización del Ministerio de Empleo medie en el conflicto y consiga que los trabajadores cobren en forma y en tiempo.
Los problemas de los trabajadores del CETI con la empresa no son exclusivos de Melilla. Desde Ourense y Albacete, donde Serramar también tiene la adjudicación de varios contratos, algunos trabajadores también aseguraron el mes pasado que no se les estaba pagando su dinero a tiempo. En nuestra ciudad, las primeras protestas de los vigilantes por problemas con los cobros se remontan a abril, cuando incluso pidieron la mediación de la Delegación del Gobierno en el conflicto.
Ahora esperan que la situación pueda solucionarse cuanto antes y volver a la normalidad. Habrá que esperar para comprobar si Serramar cumple con los trabajadores del CETI y si la complicada situación que éstos han vivido en los últimos meses se repite o no en los otros centros en los que la empresa es la adjudicataria.

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Vecinos de Carles Buïgas piden más seguridad tras la paliza a un vigilante

Aseguran que sienten 'una mezcla de miedo e impotencia' y que ya no aguantan más. Piden a los políticos y a los policías que actúen

La paliza a un vigilante contratado por los vecinos de un bloque de pisos de la calle Carles Buïgas de Salou ha acabado con la paciencia de los residentes en el edificio, que aseguran que «ya no aguantamos más». Afirman que están «en estado de shock» y que sienten una mezcla de miedo y sensación de impotencia por todo lo acontecido en los últimos días. «Allí vamos de vacaciones, y podemos hacerlo todo menos descansar», lamentan, preocupados por el rumbo que ha tomado la situación.

Los Mossos de Esquadra detuvieron el miércoles al hombre que propinó la paliza al vigilante. Se trata de un joven de 26 años, de nacionalidad magrebí y vecino de El Vendrell que, al parecer, había tenido una disputa con el guarda, increpándole e insultándole antes de agredirle.

Ha ocurrido ‘lo inevitable’

Los vecinos lamentan que «ha ocurrido lo inevitable» y que «esperamos que a partir de este hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan con contundencia». Además, piden a los políticos que hagan algo «de una vez por todas», no sólo para evitar agresiones sino para poner fin al tráfico de drogas que, señalan, reina en su comunidad.

La Policía Local es conocedora del caso y afirma que tratan de hacer todo lo posible para ponerle freno. Asegura que durante todo el verano se han realizado controles policiales, y que los esfuerzos están especialmente centrados en esta zona, una de las más turísticas. Sin embargo, las competencias en materia de Seguridad Ciudadana recaen en los Mossos d’Esquadra, que el mismo miércoles respondieron con una redada alrededor del edificio.

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El Ayuntamiento aprueba 320.000 euros para la vigilancia privada de edificios e instalaciones municipales

GETAFE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) 

   El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado 320.000 euros para el servicio de seguridad y vigilancia de los edificios, instalaciones, dependencias y bienes públicos de titularidad municipal hasta agosto de 2014 mediante la prórroga del contrato de vigilancia privada suscrito hace un año con la empresa Servise, S.A.

   La empresa tiene encomendadas, entre otras funciones, la apertura y cierre de edificios y dependencias, así como el encendido y apagado del alumbrado, el control de accesos y salidas de personas, vehículos y objetos, sin que en ningún caso se pueda retener la documentación personal.

   También la inspección de los diferentes reservados existentes para vehículos autorizados, el control del correo y paquetería tanto externo como interno, la prevención de la comisión de hechos delictivos con una presencia permanente en los puestos  de vigilancia establecidos y la salvaguarda de las personas y las propiedades en el caso de que cualquier circunstancia o emergencia pueda afectar a su integridad.

   Además, el personal de la empresa velará por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, vigilando el uso de las zonas verdes, ajardinadas y acotadas, zonas deportivas, mobiliario urbano y sus ornamentos.

   Por último, la adjudicataria responde de los daños y perjuicios causados por su personal si no se atiene a los principios de protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias, actuando con congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

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Más vigilantes privados que policías

Sant Antoni. Mientras el número de policías locales de Sant Antoni se mantiene estancado y los comerciantes denuncian que ni siquiera hay patrullas a pie por la calle, la cantidad de vigilantes privados no para de crecer. El verano pasado fueron contratados los cuatro primeros por 40 hoteleros, pero ahora ya son 70 los empresarios que forman parte de la iniciativa y pronto llegarán a 100. Ya hay ocho serenos en la calle.

JOAN LLUÍS FERRER | SANT ANTONI Los hoteleros y otros empresarios turísticos de Sant Antoni se han visto obligados a tomar la iniciativa ante la incapacidad del Ayuntamiento por garantizar la seguridad pública en el casco urbano. El número de vigilantes privados contratados por estos empresarios ha pasado de los cuatro de la temporada pasada –cuando se puso en marcha esta iniciativa– a los ocho que hay actualmente. Mientras tanto, los comerciantes denuncian que la Policía Local no patrulla a pie por las calles, pese a ser el enclave turístico más conflictivo de la isla. De este modo, Sant Antoni está asistiendo a una progresiva sustitución de su servicio público de seguridad por un sistema estrictamente privado, lo que supone que solo podrá disfrutar de esa seguridad «quien pueda pagarla», como denunció la oposición municipal hace dos semanas.

De los 40 empresarios que el año pasado empezaron a contratar a los vigilantes se ha pasado a los 70 que ya existen actualmente, pero sus impulsores confían en llegar pronto a los 100, lo que, a su vez, permitiría contratar aún a más personal.

Los impulsores de esta iniciativa afirman que las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Civil, «están desbordadas» y solo hay «la mitad de policías de los que debería haber», afirmaron Javier Anadón y Juanjo Planells, dos de los empresarios que tienen contratados vigilantes.

Planells afirma: «En Sant Antoni tenemos un problema y somos sensibles a él». Es por ello que han puesto en marcha esta iniciativa que, en todo caso, cuenta con «la total colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil, con la que se coordinan y actúan conjuntamente», añade.

A través de la Estación Naútica
La contratación de los vigilantes –que funcionan distribuidos en cuatro parejas, de 12 de la noche a 7 de la mañana– se realiza a través de la Estación Náutica de Sant Antoni, un organismo del que forma parte el propio Ayuntamiento y cuya gerente, Judith Gargallo, confirmó que es la que hace la factura a cada establecimiento.

«La Estación Náutica es la que canaliza toda la iniciativa. Para poder disfrutar del servicio es condición necesaria hacerse primero socio de la Estación, lo cual es también una oportunidad para aumentar nuestro número de asociados», señaló Gargallo.

Tanto ella como otros impulsores de la campaña, como el hotelero Toni Ramón o el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, consideran que es necesaria la declaración de Sant Antoni como municipio turístico, porque ello supondría elevar el número de policías locales que la ley permite tener a los ayuntamientos. Los municipios así declarados pueden contabilizar su población flotante (los turistas) como si fueran parte de la población fija, de modo que tienen derecho a más agentes. No sucede así con Sant Antoni, que debe conformarse con el tope que le otorga la ley por su población fija, que apenas supera las 20.000 personas.

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Detenido un hombre acusado de robar en un hipermercado y agredir al vigilante a puñetazos y golpes

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a V.A.M., de 44 años al que le constan once detenciones anteriores, acusado de robo con violencia y lesiones en un hipermercado de la capital.

   Según ha informado la Subdelegación en una nota, el vigilante de seguridad observó como "una persona cogía un par de artículos de una estantería y los guardaba en el bolsillo". Así, a la salida en la línea de caja, "pasó sin abonar la mercancía, por lo que fue abordado por el vigilante, al que respondió con golpes y puñetazos". 

   Acto seguido, el vigilante consiguió reducirle y recuperar los artículos sustraídos, pero hubo de ser asistido en el servicio de Urgencias debido a las lesiones producidas por los golpes y las amenazas verbales. Por su parte, los agentes del 091 se hicieron cargo del individuo en cuestión, deteniéndole.

   De este modo, el detenido, junto con el atestado instruido, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

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Nueva ley de seguridad privada en España

La profesión de detective en Mallorca y el resto de España lleva varios meses en primera línea de fuego, siendo objeto de comentarios e incluso estudio por parte del Gobierno central, con el objetivo de sacar cuanto antes una nueva ley que reforme el trabajo de las empresas y profesionales de la seguridad privada y, según ellos, contribuya a reforzar su posición, garantizar su propia seguridad y la de los ciudadanos que contratan sus servicios y los que son objeto de la misma.

El tema ha abierto portadas de prensa nacional desde que salió a la luz el caso de investigación privada llevada a cabo por Método 3 a varios políticos españoles. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención a la mayoría es el gran uso que la sociedad actual hace de los servicios de investigación privada. Según admiten varios profesionales que llevan ya años ejerciendo la profesión, la solicitud de presupuesto para contratar a detectives en Mallorca está al orden del día y cada vez son más los que piden trabajos más complejos y prolongados en el tiempo. Abusos de miembros de una comunidad de viviendas, control de morosos o vigilancia de empresas en Mallorca que presumen de una salud financiera que no está confirmada… Todo ello se suma a las habituales investigaciones de infidelidades, el seguimiento de personas que se creen desaparecidas o, incluso, la búsqueda de alguien importante en algún momento de nuestra vida al que le hemos perdido la pista.

Sin embargo, otros han hecho una interpretación interesada del asunto: nuestros políticos -uno de los colectivos más investigados- consideran cuestionable la ética y legalidad de ciertas prácticas que son utilizadas para el correcto ejercicio de la profesión de detective, una profesión, por otro lado, cuya formación está reglada por los patrones curriculares marcados desde el Estado: nadie es detective acreditado si no cuenta con su debida diplomatura oficial aprobada.

Hasta ahora la legislación en vigor era  que marcaba la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, un documento que quedará oficialmente derogado cuando se apruebe la nueva ley, de la cual ya se puede acceder a un anteproyecto redactado por el Gobierno:

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a
ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de
orientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavía
incipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta
alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptación de la sociedad española.

Este es un pequeño extracto de la exposición de motivos que se ofrece en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros del Gobierno, pero en él se detallan y proponen cuestiones de diversa importancia y que pueden cambiar de una forma importante la labor de los detectives, perdiendo éstos independencia en favor de la Administración central.

Algunos de los puntos más controvertidos o que más críticas han desatado en el sector de los detectives en España, tanto por parte de los usuarios de estos servicios como por parte de los que los ejercen son:

• Destrucción de pruebas. Según el anteproyecto de la nueva ley, las agencias de detectives privados deberán destruir las imágenes que graben durante la ejecución de sus trabajos al pasar un  año de la finalización del encargo. La única excepción es que esas investigaciones o personas estén involucradas en una investigación judicial.
• Informes completos. Las agencias de detectives privados en Mallorca y el resto de España estarán obligadas a redactar informes en los que se incluyan los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Estos documentos tendrán que estar siempre a disposición de jueces y policías que los puedan requerir para la ejecución de sus correctas funciones. Tendrán que conservarlos durante 5 años.
• Detalles de identidad. Agencias y detectives estarán obligadas a documentar todos los encargos que ejecuten durante sus investigaciones con detalles sobre la identidad y los medios que se hayan utilizado.
• Memoria anual. Será necesario que la presenten una vez al año ante el Ministerio del Interior con toda la documentación que avale su trabajo durante ese año.
• Medios utilizados. La nueva ley prohibirá el uso de de servicios o medios materiales que puedan atentar contra el derecho a la imagen, la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Es decir, cámaras de vigilancia no declaradas, escuchas telefónicas…
• Nuevas normas. Se redactarán nuevas normas que, de no cumplirse, pueden supone la pérdida de la acreditación necesaria para ejercer la profesión de detective privado. Además reordenará las normas existentes, según defiende el Ministerio del Interior.

Actualmente en España, según datos del Ministerio, existen cerca de  1.500 empresas de seguridad privada en España, sector que factura al año una media de 3.200 millones de euros y que tiene a más de 90.000 empleados.

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