laopinióndemalaga.es, Malaga - 13/03/08
Las empresas de seguridad, que emplean a casi 6.000 personas, destacan las dificultades para encontrar trabajadores y solicitan poder contratar inmigrantes.
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA. La provincia de Málaga cuenta en la actualidad con cerca de 6.000 vigilantes de seguridad privada, una cifra que representa un 40% del total de Andalucía, pero que todavía es insuficiente, dada la gran demanda, para cubrir determinados turnos o desplazamientos geográficos, sobre todo en los meses de verano. El sector podría absorber hasta 1.200 trabajadores más en la provincia, según los cálculos facilitados ayer por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
El secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, aseguró ayer que el gran problema del sector es "la falta de personal", y estimó que, pese a la existencia de 1.000.000 vigilantes en toda España, son unas 20.000 personas más las que podría emplear el sector en toda España. Cobas admitió que las condiciones de trabajo, con frecuentes turnos nocturnos o desplazamientos por distintas localidades, disuade a muchas personas de trabajar como vigilante de seguridad, aunque negó que el trabajo esté mal pagado. Según sus datos, el salario bruto mensual es de 1.038 euros con 15 pagas al año, más unos plus de nocturnidad o por portar armas que hace que ningún trabajador cobre a final de mes menos de 1.200 euros. Para acabar con esta situación de carestía, Aproser solicita que los ciudadanos extracomunitarios puedan acceder a este trabajo, algo hasta ahora reservado a españoles y comunitarios.
Cobas, que estuvo acompañado por el delegado de Aproser en Andalucía Oriental, Miguel Sánchez (también director general de Securitas en la zona), señaló que en Málaga operan 48 empresas, con una facturación anual de 120 millones de euros. Las cifras de negocio sube entre un 7% y un 85 cada año, aunque segmentos como las alarmas domiciliarias lo están haciendo un 10%.
En cualquier caso, Cobas y Sánchez señalaron que un 80% de la facturación de las empresas de seguridad privada procede la vigilancia en empresas, mientras que el 20% restante se reparte entre el transporte de fondos (custodia de dinero) y el citado control domiciliario. "No hemos notado un repunte de la demanda de vigilancia en hogares pese a los últimos casos de asaltos a vivienda. Eso no quita para que si en una urbanización se producen una serie de robos, se dispare puntualmente la demanda, pero no es algo general", reconoció Cobas, que cifró en el entorno de 10.000 euros mensuales el costo de destinar un vigilante las 24 horas a una urbanización.
Inmigrantes.
Cobas resaltó el peso de Málaga en el sector andaluz de la seguridad privada, algo que vinculó "al dinamismo económico, turístico y el aumento de infraestructuras" en la provincia, entre las que destacó el AVE. Los servicios se prestan en un 70% a empresas y particulares, y en el 30% restante a administraciones públicas. Centros comerciales, polígonos industriales y edificios y dependencias oficiales copan la demanda, con Málaga capital como gran referente, según explicó Sánchez.
Aproser reclama además que se modifique el proceso burocrático que emprende una persona desde que decide ser vigilante de seguridad hasta que lo consigue, y que se sitúa en torno a cinco o seis meses, y reducirlo temporalmente para ser "más operativos".
