BIENVENIDOS A LA RONDA DEL VIGILANTE

jueves, 29 de agosto de 2013

Los vigilantes privados opinan que «un agente no significa fiabilidad absoluta en caso de conflicto»

Los vigilantes privados consideran que están suficientemente capacitados para hacerse cargo de la vigilancia de prisiones, como ocurre en otros países, «sin que se genere conflicto alguno». La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa) entiende que «no existen motivos razonados, argumentados y creíbles para adoptar una posición de rechazo frontal para que dicha actividad no pueda ser desarrollada» por estos profesionales habilitados. Para los vigilantes, «no es cierto que se produzca un incremento desmesurado o excesivo» del número de vigilantes, sino que se pueden optimizar los recursos existentes y complementarlos adecuadamente con los que se encuentran ya operativos, como guardias y funcionarios.

Avispa añade que la seguridad privada ha tenido a su cargo la vigilancia de dependencias de la administración desde hace muchos años, incluidos cuarteles dependientes del Ministerio de Defensa, u otras instalaciones como accesos a bases y polvorines. Para esta asociación, «no se compromete en absoluto la seguridad de los recintos penitenciarios, pues las funciones a distribuir están más que definidas, sin que se produzca por ello conflicto de intereses». Los vigilantes añaden: «Un agente no significa fiabilidad total ante un conflicto imprevisto, esté armado o no». Y ponen como ejemplo que son los vigilantes privados, previa capacitación, quienes se están encargado de la seguridad de los buques atuneros españoles en el océano Índico.

La asociación recalca que, según el proyecto del Ministerio del Interior, los vigilantes se encargarían de la vigilancia perimetral y podrían responsabilizarse del control de las cámaras de videovigilancia, pero en ningún caso está previsto que se encarguen de la vigilancia interior «como se intenta dar a entender por los funcionarios y guardias civiles». En cualquier caso, indican, están más que «capacitados» para desarrollar esas funciones, que pretenden que los agentes destinados en las prisiones desempeñen su trabajo en puestos de seguridad ciudadana más adecuados. Además, dicen tener «todo el derecho del mundo» a desempeñar estos cometidos.