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Madrid
Espacios y Congresos ha cambiado de empresa de seguridad, pero los
agentes han sido subrogados por la nueva contrata.
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El
Ayuntamiento alega que la ley lo permite, por lo que no puede
impedirlo.
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Sin
embargo, mantiene a otros cargos de Madridec imputados.
Cinco de los principales imputados en el caso Madrid Arena se han beneficiado de la ley para mantenerse en sus puestos a pesar de estar encausados por la avalancha humana que acabó con la muerte de cinco adolescentes en el pabellón municipal.
En concreto, se trata de los jefes de equipo Raúl Monteverde, Juan José París Nalda y José Antonio Díez Romero, del vigilante Roberto Mateos y del inspector Iván Somontes Santamaría. Todos ellos formaban parte de Seguriber y figuran en la lista del personal que la empresa Alerta y Control ha subrogado tras de conseguir la adjudicación del nuevo contrato de seguridad de Madrid Espacios y Congresos, la empresa pública que gestiona las instalaciones deportivas multiusos del Ayuntamiento. El relevo entre las contratas se produjo oficialmente a las 0.01 horas de este martes.
La incorporación de los señalados, como la del resto de componentes de la plantilla, está contemplada en la ley y es una de las premisas que establece el pliego de condiciones que ha redactado otro imputado, el aún subdirector de Seguridad de Madridec Rafael Pastor.En su defensa, el Ayuntamiento de Madrid alega que no puede hacer "nada" ya que el caso está en fase de investigación (en instrucción, según el término técnico) y no existe auto de procesamiento ni procedimiento de sanción contra estas personas, explicó un portavoz de la alcaldesa Ana Botella a 20minutos. Tampoco han sido suspendidos cautelarmente ni se les ha retirado la tarjeta profesional que les habilita para ejercer como vigilantes o directores de seguridad titulados. A estos efectos, los profesionales dependen del área de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
La imposibilidad de actuar es cierta contra los primeros, pero no contra Rafael Pastor, que aún hoy ocupa un cargo en Madridec y que podría haber sido destituido cuando Ana Botella ordenó 'limpiar' la cúpula de la empresa pública. Esta maniobra, que tenía por objetivo borrar todo rastro de la tragedia, supuso la baja de seis directivos. Se mantuvo, en cambio, a Pastor, al coordinador de Seguridad, José Rodríguez Camaño, y al jefe de Operaciones y Proyectos, Francisco del Amo, también imputados. Todos ellos han seguido trabajando para el Ayuntamiento hasta la fecha. Ninguno salió de la casa en el ERE que supuso el despido de 22 personas.
¿Qué hicieron?
Raúl Monteverde trabajó la noche del 1 de noviembre de 2012 vestido de paisano y como coordinador jefe de Seguriber en el dispositivo del Madrid Arena a pesar de que carece del título de director de seguridad, según fuentes de la investigación. Ante el juez negó ser la persona que abrió el portón de servicio por el que se colaron las más de 2.500 personas que contribuyeron a que se formase la avalancha mortal. Según su versión, fue Francisco del Amo quien dio la orden.
Monteverde actuó por delegación de Iván Somontes, que ejercía como inspector de Seguriber aunque dicha categoría no existía en la Ley de Seguridad Privada. Su contrato, en realidad, es de vigilante, aunque incluye un plus salarial de 13.428,40€/año.
Durante la fiesta de Halloween, Somontes se encontraba en Santander por motivos familiares. Varios vigilantes le han señalado como la persona que borraba o copiaba imágenes comprometedoras recogidas por las cámaras en las fiestas que se celebraban en el Madrid Arena. Esta acusación ha derivado en una investigación de la Agencia de Protección de Datos.
Somontes también apuntó a Francisco del Amo como responsable de la orden de apertura del portón, aunque él lo negó. Esta fue trasladada al vigilante que tenía el mando electrónico del acceso por José Antonio Díez Romero, coordinador de seguridad de Seguriber.
Esta versión coincide con la de Juan José París Nalda, que también aseguró al juez del caso que Seguriber redujo vigilantes aquella noche para ahorrar, que su empresa no se ocupó de la seguridad en el interior (la compañía asegura que esa tarea corría cargo de Kontrol 34, una empresa que solo presta servicios auxiliares) y que nunca vio el obligatorio plan de seguridad y evacuación.
La noche de los hechos, Seguriber solo tenía a cinco personas en el recinto. Uno de ellos era Roberto Mateos, encargado de la sala de monitores desde la que se vigilaba todo el recinto. En su declaración confesó desconocer cuántas cámaras había en el Madrid Arena, así como su funcionamiento. No vio, afirmó, ninguna avalancha en el vomitorio donde Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso fallecieron aplastadas. Esto es lógico si se tiene en cuenta que Somontes, su superior, confirmó al juez que esa cámara dejó de funcionar en 2010, sin que fuese reparada.
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