ALBACETE, 16 Octubre, EUROPA PRESS
La Comisaría Provincial de Albacete acogió hoy el acto de entrega de Menciones Honoríficas a los vigilantes de seguridad que por sus méritos en el desarrollo de su labor fueron distinguidos en el presente año.
El acto estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en funciones, Francisco Javier Vercher Ureña, el comisario principal jefe provincial, José Antonio García Sánchez, el comisario jefe de la UCOP, Pedro Pastor, el inspector jefe, de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Julián Pradas y otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Según informó la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa, los distinguidos fueron Alfonso Jaen Vázquez de la empresa "Fuerza Uno"; Pedro Javier Roncero adscrito a la empresa "Prosegur"; José Luis Sánchez integrado en la empresa "Fenix Seguridad"; Fernando Jiménez, perteneciente a la empresa "Alerta Y Control"; y Manuel Moreno, adscrito a "Eulen Seguridad".
Asimismo, se obtuvo una distinción especial, concediéndole igualmente una mención honorífica al Grupo de Vigilantes de la empresa "Black Star" que presta su servicio en el complejo hospitalario de Albacete.
Finalmente, le fue entregada la misma mención, a título póstumo, a la viuda de Pedro Olivas Hernández, que prestaba sus servicios en "Secisa Seguridad" a quien también se le hizo entrega de una metopa del Cuerpo Nacional de Policía.
sábado, 20 de octubre de 2007
El TSJC condena por asesinato a uno de los acusados de matar a dos vigilantes en Terrassa, absuelto por un jurado.
La Policía Nacional lo detiene ante el elevado riesgo de fuga, mientras el único condenado hasta ahora permanece en prisión
BARCELONA, 18 Octubre, EUROPA PRESS
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha impuesto 30 años de cárcel por dos delitos de asesinato a uno de los cinco acusados de matar a tiros a dos vigilantes de seguridad en 2002, durante el asalto a un furgón blindado en Terrassa (Barcelona). Un jurado le declaró inocente en noviembre y sólo responsabilizó de las muertes a Juan Pedro L.F., condenado a 41 años y medio de cárcel.
En cuanto a José Antonio N.A., condenado ahora por el TSJC, la Audiencia de Barcelona le impuso un total de cinco años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia y otro de tenencia ilícita de armas. El procesado estaba en libertad provisional desde diciembre de 2003, cuando pagó una fianza de 6.000 euros, aunque había permanecido un año en prisión preventiva por estos hechos.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, fue recurrida por la Fiscalía y por la acusación particular ejercida por la familia de una de las víctimas, quienes solicitaron al TSJC que condenara a José Antonio N.A. como coautor de los dos asesinatos. El fallo también fue impugnado por la defensa del procesado, quien pidió su absolución por la tenencia ilícita de armas, ya que ninguna de las partes formuló acusación contra él por dicho delito.
El alto tribunal catalán ha estimado las peticiones y, finalmente, José Antonio N.A. ha sido condenado a un total de 34 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de robo con violencia. Por ello, el TSJC decretó el lunes prisión comunicada y sin fianza para él y ordenó su detención, ya que la "posibilidad real" de que cumpla una larga condena es "un poderoso motivo que alienta el razonable pronóstico de que intentará sustraerse a la acción de la justicia".
Finalmente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía arrestaron esta mañana a José Antonio N.A. en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) --donde reside con su familia--, "tras arduas gestiones" y antes de que el condenado "huyera". Además de la pena de prisión, el procesado deberá indemnizar a las familias de las víctimas --junto con el otro condenado-- con un total de 510.000 euros.
TODOS ACORDARON EL ATRACO Y LOS ASESINATOS.
Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2002, cuando dos individuos se desplazaron al centro de ocio Parc Vallès de Terrassa y, actuando de común acuerdo, esperaron a que las víctimas, Francisco F.R. y Eladio R.R. --de 51 y 40 años respectivamente--, recogieran la recaudación de 219.700 euros del multicine AMC.
Cuando las víctimas salieron del centro, los dos individuos se dirigieron corriendo hacia los vigilantes y uno de ellos realizó varios disparos contra uno de los fallecidos. Acto seguido, un tercer atracador, Juan Pedro L.F., disparó contra los vigilantes desde otro lugar, atrapándoles en un fuego cruzado. Antes de marcharse y habiéndose apoderado de la recaudación, Juan Pedro L.F. remató a Francisco F.R. disparándole en la cabeza.
Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, José Antonio N.A. no participó en el tiroteo, pero permaneció al volante de un coche estacionado junto al furgón blindado para evitar que el vigilante que se encontraba en su interior --único superviviente y principal testigo de los hechos-- pudiera auxiliar a sus compañeros, garantizando así el éxito del atraco.
En este sentido, el TSJC destaca en su sentencia que la "realización rápida y coordinada --del atraco--, dirigida desde el inicio a abatir mortalmente a los guardas sin mediar palabra y sin darles ninguna otra opción, y el hecho de que José Antonio N.A. permaneciera en su puesto de vigilancia durante toda la acción, sólo permiten concluir racionalmente que dichas muertes formaban parte del inicial plan del robo acordado por todos".
El alto tribunal catalán considera, además, que existió un "mutuo acuerdo y una contribución efectiva" a la ejecución de los hechos por parte de José Antonio N.A.", por lo que "éste debe responder como coautor de todos ellos, tanto del robo como de los asesinatos".
TRES PRESUNTOS CÓMPLICES ABSUELTOS POR EL JURADO.
Por otra parte, el TSJC rechaza el recurso presentado por Juan Pedro L.F., que fue condenado principalmente porque el único vigilante que sobrevivió al atraco le reconoció con certeza. Su defensa considera que es "objetivamente imposible" que el testigo pudiera identificarle, ya que estaba alejado del lugar de los hechos y vio al asaltante de perfil y con el rostro semicubierto.
El alto tribunal catalán, sin embargo, cree que "no es posible considerar irrazonable, sino todo lo contrario", el reconocimiento efectuado por el vigilante, entre otras cosas, porque el atraco ocurrió "en el momento de mayor luminosidad del día --en torno al mediodía-- y no consta que el testigo padeciera ningún defecto de agudeza visual".
Por estos hechos, también fueron juzgados otros tres presuntos cómplices de los dos condenados --Sergio C.A., Javier L.P. y María Teresa M.C.--, quienes finalmente fueron declarados inocentes por el tribunal popular. El jurado creyó "no suficiente" el reconocimiento que hicieron de ellos los testigos y dio mayor credibilidad a los que afirmaron haberlos visto en otro lugar a la hora del atraco.
BARCELONA, 18 Octubre, EUROPA PRESS
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha impuesto 30 años de cárcel por dos delitos de asesinato a uno de los cinco acusados de matar a tiros a dos vigilantes de seguridad en 2002, durante el asalto a un furgón blindado en Terrassa (Barcelona). Un jurado le declaró inocente en noviembre y sólo responsabilizó de las muertes a Juan Pedro L.F., condenado a 41 años y medio de cárcel.
En cuanto a José Antonio N.A., condenado ahora por el TSJC, la Audiencia de Barcelona le impuso un total de cinco años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia y otro de tenencia ilícita de armas. El procesado estaba en libertad provisional desde diciembre de 2003, cuando pagó una fianza de 6.000 euros, aunque había permanecido un año en prisión preventiva por estos hechos.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, fue recurrida por la Fiscalía y por la acusación particular ejercida por la familia de una de las víctimas, quienes solicitaron al TSJC que condenara a José Antonio N.A. como coautor de los dos asesinatos. El fallo también fue impugnado por la defensa del procesado, quien pidió su absolución por la tenencia ilícita de armas, ya que ninguna de las partes formuló acusación contra él por dicho delito.
El alto tribunal catalán ha estimado las peticiones y, finalmente, José Antonio N.A. ha sido condenado a un total de 34 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de robo con violencia. Por ello, el TSJC decretó el lunes prisión comunicada y sin fianza para él y ordenó su detención, ya que la "posibilidad real" de que cumpla una larga condena es "un poderoso motivo que alienta el razonable pronóstico de que intentará sustraerse a la acción de la justicia".
Finalmente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía arrestaron esta mañana a José Antonio N.A. en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) --donde reside con su familia--, "tras arduas gestiones" y antes de que el condenado "huyera". Además de la pena de prisión, el procesado deberá indemnizar a las familias de las víctimas --junto con el otro condenado-- con un total de 510.000 euros.
TODOS ACORDARON EL ATRACO Y LOS ASESINATOS.
Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2002, cuando dos individuos se desplazaron al centro de ocio Parc Vallès de Terrassa y, actuando de común acuerdo, esperaron a que las víctimas, Francisco F.R. y Eladio R.R. --de 51 y 40 años respectivamente--, recogieran la recaudación de 219.700 euros del multicine AMC.
Cuando las víctimas salieron del centro, los dos individuos se dirigieron corriendo hacia los vigilantes y uno de ellos realizó varios disparos contra uno de los fallecidos. Acto seguido, un tercer atracador, Juan Pedro L.F., disparó contra los vigilantes desde otro lugar, atrapándoles en un fuego cruzado. Antes de marcharse y habiéndose apoderado de la recaudación, Juan Pedro L.F. remató a Francisco F.R. disparándole en la cabeza.
Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, José Antonio N.A. no participó en el tiroteo, pero permaneció al volante de un coche estacionado junto al furgón blindado para evitar que el vigilante que se encontraba en su interior --único superviviente y principal testigo de los hechos-- pudiera auxiliar a sus compañeros, garantizando así el éxito del atraco.
En este sentido, el TSJC destaca en su sentencia que la "realización rápida y coordinada --del atraco--, dirigida desde el inicio a abatir mortalmente a los guardas sin mediar palabra y sin darles ninguna otra opción, y el hecho de que José Antonio N.A. permaneciera en su puesto de vigilancia durante toda la acción, sólo permiten concluir racionalmente que dichas muertes formaban parte del inicial plan del robo acordado por todos".
El alto tribunal catalán considera, además, que existió un "mutuo acuerdo y una contribución efectiva" a la ejecución de los hechos por parte de José Antonio N.A.", por lo que "éste debe responder como coautor de todos ellos, tanto del robo como de los asesinatos".
TRES PRESUNTOS CÓMPLICES ABSUELTOS POR EL JURADO.
Por otra parte, el TSJC rechaza el recurso presentado por Juan Pedro L.F., que fue condenado principalmente porque el único vigilante que sobrevivió al atraco le reconoció con certeza. Su defensa considera que es "objetivamente imposible" que el testigo pudiera identificarle, ya que estaba alejado del lugar de los hechos y vio al asaltante de perfil y con el rostro semicubierto.
El alto tribunal catalán, sin embargo, cree que "no es posible considerar irrazonable, sino todo lo contrario", el reconocimiento efectuado por el vigilante, entre otras cosas, porque el atraco ocurrió "en el momento de mayor luminosidad del día --en torno al mediodía-- y no consta que el testigo padeciera ningún defecto de agudeza visual".
Por estos hechos, también fueron juzgados otros tres presuntos cómplices de los dos condenados --Sergio C.A., Javier L.P. y María Teresa M.C.--, quienes finalmente fueron declarados inocentes por el tribunal popular. El jurado creyó "no suficiente" el reconocimiento que hicieron de ellos los testigos y dio mayor credibilidad a los que afirmaron haberlos visto en otro lugar a la hora del atraco.
Fallece el vigilante de seguridad de Son Espases que resultó gravemente herido a causa del temporal.
PALMA DE MALLORCA, 18 Octubre, EUROPA PRESS
Este mediodía falleció el vigilante de seguridad de Son Espases que el pasado 4 de octubre resultó gravemente herido tras volar por la fuerza del viento la caseta en la que se resguardó durante la virulenta tormenta que asoló la isla, conviertiéndole en la primera víctima mortal del temporal que golpeó Mallorca ese día.
Así lo confirmó hoy el presidente del Govern, Francesc Antich, durante la visita que realizó esta tarde en el municipio de Esporles, una de las localidades que se ha visto más afectadas por el temporal que ayer, nuevamente, azotó la isla de Mallorca, provocando una segunda muerte, una mujer danesa que falleció al ser arrastrada por la corriente de un torrente desbordado.
Así, el hombre, de 47 años, falleció hoy en el Hospital Son Dureta, donde permanecía ingresado desde que sufrió el grave accidente, que le provocó varios politraumatismos. Días después tuvo que se intervenido quirúrgicamente para practicarle una amputación de un brazo.
Antich lamentó su muerte y expresó un sentimiento de apoyo hacia sus familiares. El jefe del Ejecutivo, tras visitar los desperfectos ocasionados por el temporal, prometió ayudas a los afectados del municipio.
Este mediodía falleció el vigilante de seguridad de Son Espases que el pasado 4 de octubre resultó gravemente herido tras volar por la fuerza del viento la caseta en la que se resguardó durante la virulenta tormenta que asoló la isla, conviertiéndole en la primera víctima mortal del temporal que golpeó Mallorca ese día.
Así lo confirmó hoy el presidente del Govern, Francesc Antich, durante la visita que realizó esta tarde en el municipio de Esporles, una de las localidades que se ha visto más afectadas por el temporal que ayer, nuevamente, azotó la isla de Mallorca, provocando una segunda muerte, una mujer danesa que falleció al ser arrastrada por la corriente de un torrente desbordado.
Así, el hombre, de 47 años, falleció hoy en el Hospital Son Dureta, donde permanecía ingresado desde que sufrió el grave accidente, que le provocó varios politraumatismos. Días después tuvo que se intervenido quirúrgicamente para practicarle una amputación de un brazo.
Antich lamentó su muerte y expresó un sentimiento de apoyo hacia sus familiares. El jefe del Ejecutivo, tras visitar los desperfectos ocasionados por el temporal, prometió ayudas a los afectados del municipio.
jueves, 18 de octubre de 2007
Los escoltas barajan retirar su protección a los políticos: se sienten ‘ninguneados’ y amenazan con llevar su caso ante los tribunales.
Miércoles, 17 de Octubre de 2007
Los escoltas ya no pueden más. Se sienten “ninguneados” y “maltratados” por los políticos y se están planteando dejar de proteger a cargos electos para pasarse a dar seguridad a otras personalidades. Planean iniciar una campaña para exigir responsabilidades y no descartan acudir, incluso, al Tribunal Supremo.
Según ha podido constatar El Confidencial Digital, los ánimos están muy alterados. El ataque a un compañero en Bilbao por parte de ETA y la escasa sensibilidad demostrada por el Ministerio del Interior está provocando que se comiencen a escuchar las primeras amenazas. Los profesionales de la seguridad consideran que están siendo “maltratados” por parte de las autoridades. “Estamos a punto de abandonar”, advierten.
Esta sensación de malestar se acentúa especialmente entre los escoltas que están desempeñando su actividad profesional en las calles del País Vasco y Navarra. “Nosotros estamos mimando a los políticos y ellos, mientras, nos ningunean”, aseguran.
Los escoltas llegan incluso a afirmar que, en el caso de producirse otra “mínima acción” terrorista contra alguno de ellos (hay que recordar que se trata de profesionales directamente amenazados por la banda terrorista ETA -véalo aquí-) iniciarán una campaña para exigir responsabilidades. Y no descartan acudir a la máxima instancia jurídica de nuestro país.
Estos profesionales recuerdan incluso el ‘ninguneo’ del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; así como el del consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza.
Se están planteando volcarse en ofrecer sus servicios de protección a empresarios o personalidades famosas y ‘abandonar’ a los políticos. Los primeros –explican- “pagan mejor y nosotros no corremos tanto peligro”, aclaran algunos afectados.
Los escoltas ya no pueden más. Se sienten “ninguneados” y “maltratados” por los políticos y se están planteando dejar de proteger a cargos electos para pasarse a dar seguridad a otras personalidades. Planean iniciar una campaña para exigir responsabilidades y no descartan acudir, incluso, al Tribunal Supremo.
Según ha podido constatar El Confidencial Digital, los ánimos están muy alterados. El ataque a un compañero en Bilbao por parte de ETA y la escasa sensibilidad demostrada por el Ministerio del Interior está provocando que se comiencen a escuchar las primeras amenazas. Los profesionales de la seguridad consideran que están siendo “maltratados” por parte de las autoridades. “Estamos a punto de abandonar”, advierten.
Esta sensación de malestar se acentúa especialmente entre los escoltas que están desempeñando su actividad profesional en las calles del País Vasco y Navarra. “Nosotros estamos mimando a los políticos y ellos, mientras, nos ningunean”, aseguran.
Los escoltas llegan incluso a afirmar que, en el caso de producirse otra “mínima acción” terrorista contra alguno de ellos (hay que recordar que se trata de profesionales directamente amenazados por la banda terrorista ETA -véalo aquí-) iniciarán una campaña para exigir responsabilidades. Y no descartan acudir a la máxima instancia jurídica de nuestro país.
Estos profesionales recuerdan incluso el ‘ninguneo’ del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; así como el del consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza.
Se están planteando volcarse en ofrecer sus servicios de protección a empresarios o personalidades famosas y ‘abandonar’ a los políticos. Los primeros –explican- “pagan mejor y nosotros no corremos tanto peligro”, aclaran algunos afectados.
martes, 16 de octubre de 2007
Desconocidos queman la moto de un escolta privado en Bilbao.
Diario de Navarra - 13 de octubre de 2007
Los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana de hoy en la zona de Indautxu.
Unos desconocidos incendiaron a primeras horas de esta mañana la motocicleta propiedad de un escolta de seguridad privada en la calle Indautxu de Bilbao, según informó la Ertzaintza. Las mismas fuentes indicaron que el suceso se produjo sobre las siete menos cuarto de la mañana y que se desconoce el número de personas implicadas en esta acción.
Al parecer la motocicleta, una Suzuki, fue rociada con líquido inflamable antes de ser prendida fuego, sin que éste afectara a otros vehículos en la zona.
Los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana de hoy en la zona de Indautxu.
Unos desconocidos incendiaron a primeras horas de esta mañana la motocicleta propiedad de un escolta de seguridad privada en la calle Indautxu de Bilbao, según informó la Ertzaintza. Las mismas fuentes indicaron que el suceso se produjo sobre las siete menos cuarto de la mañana y que se desconoce el número de personas implicadas en esta acción.
Al parecer la motocicleta, una Suzuki, fue rociada con líquido inflamable antes de ser prendida fuego, sin que éste afectara a otros vehículos en la zona.
domingo, 14 de octubre de 2007
Interior impide a los inmigrantes no comunitarios ejercer de vigilantes.
El Periodico de Aragón, 10/10/2007
Foto:Ferran Nadeu
Mientras desde algunas automías se reclaman más inmigrantes en las filas de los mossos y en el Ejército son muchos y visibles los soldados hispanoamericanos, el Ministerio del Interior sigue cerrando la puerta a que los extranjeros no comunitarios trabajen como vigilantes. El Gobierno ha aprobado un decreto que modifica la ley de seguridad privada sin atender las peticiones de la patronal que, desde hace años, viene exigiendo que los originarios de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) puedan trabajar en un sector en el que hay unos 21.000 empleos estables esperando a ser cubiertos. Interior asegura que está estudiando la solicitud a pesar de que apenas queda tiempo para cambiar la ley.
El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre con el fin de adecuar la ley de seguridad privada, que data de 1992, a una sentencia de UE que en 2006 exigió a España que relajara las autorizaciones necesarias para constituir una empresa de seguridad. El problema, según los portavoces del sector, es que el Ejecutivo no ha aprovechado el decreto para modernizar una ley que en algunos aspectos está obsoleta.
LA COMISIÓN Así, tanto la patronal de los vigilantes, Aproser, como los sindicatos y los escoltas (también afectados por la norma) critican que el Gobierno no haya utilizado las conclusiones de la comisión que, con el fin de renovar el sector, se creó en el Congreso a finales del 2005. Una de las principales peticiones de Aproser --que engloba a 17 empresas con el 80% del negocio-- era que los inmigrantes no comunitarios pudieran trabajar como vigilantes, al igual que sucede en el Ejército con los hispanoamericanos.
El propio Congreso aprobó en junio del 2006 y con una sola abstención una proposición que instaba al Gobierno a que adaptase la ley a la sentencia y propiciase "un marco más dinámico". El ponente, el popular Gil Lázaro, afirmó en su exposición que una forma "eficaz" de luchar contra el intrusismo era posibilitar que los inmigrantes pudieran ser vigilantes. Los sindicatos vienen denunciando que miles de extranjeros ya hacen labores de vigilancia de forma ilegal. Las empresas los contratan como auxiliares (sin armas), pero acaban realizando las mismas tareas que los vigilantes, pese a que no han recibido la formación ni tienen el título necesario. CCOO calcula que unas 50.000 personas están en esta situación.
LAS PROTESTAS "No entendemos las razones por las que no se ha modificado la ley a pesar de que se había llegado a esa conclusión y había apoyo parlamentario", se queja el secretario general de la patronal, Eduardo Cobas. En la misma línea se manifiesta el presidente de la Asociación Española de Escoltas (Ases), Vicente de la Cruz, que afirma que el sector necesita "cambios más urgentes" y lamenta que el Gobierno no haya contado con sus propuestas. De la Cruz sí está de acuerdo con uno de los aspectos que contempla el decreto, que los escoltas puedan ser autónomos, aunque espera que Interior les tenga más en cuenta en el desarrollo posterior de la norma.
El ministerio argumenta que la prioridad era cumplir la sentencia y que las propuestas del sector se están estudiando para una posterior reforma. Pero desde la patronal recuerdan que el dictamen del tribunal data de hace un año y medio y que apenas queda tiempo para sacar adelante una modificación legal.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que apenas queda ya tiempo para modificar la ley de seguridad privada con el fin de que los inmigrantes no comunitarios puedan ser vigilantes. No obstante, el ministro reconoció que sería una "idea fantástica para incluirla en el programa electoral" del PSOE.
Rubalcaba afirmó que se reunirá en los "próximos días" con ellos para explicarles que el decreto solo se quería adecuar la ley española a una sentencia europea y que una reforma más profunda requiere más tiempo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)