eldiadeciudadreal.com24-Septiembre-2008. CIUDAD REAL
Los vigilantes de seguridad se concentrarán el próximo 26 de septiembre en Madrid para solicitar al Ministerio del Interior la elaboración de un nuevo reglamento en materia de seguridad privada con el objetivo de conseguir la profesionalización del sector.
La iniciativa surgió hace un año cuando José Manuel Pan Álvarez, vigilante de seguridad hace seis años, junto a otros compañeros, inició una caminata desde Málaga hasta Madrid para mantener una entrevista con director del Gabinete del Ministro del Interior. Ahora, se ha solicitado una nueva audiencia para continuar las conversaciones que en su día se iniciaron y para poder presentar sus propuestas apoyadas por más de 2.000 firmas de profesionales.
Pan Álvarez, que visitó ayer Ciudad Real, explicaba a El Día que el sector está debidamente regulado por la Ley de Seguridad Privada 23/1992 y por el Reglamento de Seguridad Privada, sin embargo, la ley no se cumple con rigor y se ha quedado obsoleta tras 16 años de su aprobación. “Queremos que se cumpla la Ley, no que por cuestiones económicas o corporativismo el vigilante se ponga a colocar carritos en un centro comercial o a hacer fotocopias. Tenemos nuestras funciones.”, añadía.
Una de las principales preocupaciones de este colectivo es el intrusismo laboral que sufre el sector. Pan Álvarez manifestaba que está fomentado por las denominadas empresas de servicios que crecen al amparo de las de seguridad.
Para poder ser vigilante se debe superar satisfactoriamente un curso de formación en una academia homologada, poseer nacionalidad de la Unión Europea, un mínimo nivel formativo, superar unas pruebas físicas y teóricas en la Dirección General de Policía, certificado médico y acreditar estar libre de antecedentes penales.
A los auxiliares o controladores de empresas de seguridad no se les exige ninguno de estos requisitos. El problema es que al trabajar en una empresa de seguridad la sociedad suele confundir a los vigilantes con los controladores. A pesar de llevar un uniforme similar, los que no son vigilantes no llevan la placa identificativa y no pueden desempeñar las funciones propias de un vigilante.
Centros comerciales
Un ejemplo de ello suele apreciarse en los centros comerciales. La mayoría suelen ser auxiliares que no poseen la placa de vigilante o la tarjeta de identidad profesional y aún así ejercen como tales cuando se produce un hurto. “El ciudadano de a pie no lo sabe, pero los auxiliares pueden estar vulnerando sus derechos si les piden el DNI o les piden que les muestren el bolso, eso está prohibido”, indicaba.
Luis Fernando Adán, vigilante de seguridad de un edificio público de Ciudad Real, destacaba que conoce muchos casos de intrusismo en la capital. “Ya no tanto en los edificios públicos pero sí en las empresas privadas como tiendas u obras. Hay controladores ejerciendo funciones de seguridad cuando no deberían hacerlo”, matizaba.
Para Adán el hecho de que desaparezca el intrusismo laboral no sólo sería beneficioso para los propios profesionales sino también para los ciudadanos. “Saldrían ganando, yo he visto a los controladores tratar mal a la gente, registrando bolsos o echando a la gente de establecimientos a patadas y a empujones, dan muy mala imagen”, indicaba.
Luis Fernando García, vigilante de seguridad desde el año 1993, coincidía al señalar que debería estar regulado para evitar que “se cuele “ gente que no es vigilante. “Hay algunos controladores que cobran incluso más que un vigilante porque hacen más horas”, decía.
García incidía también en la importancia de la formación, “para ser vigilante no te ponen las cosas difíciles, se cuela demasiada gente, deberían exigir más formación y más requisitos de comportamiento. Tendría que estar más profesionalizado y bien remunerado, porque el convenio está congelado desde hace años”, puntualizaba.
En relación al intrusismo laboral, el colectivo pedirá al Ministerio que se endurezcan las sanciones a las empresas en sus grados máximos y se comience a aplicar el Código Penal en su artículo 403, relativo a la usurpación de funciones públicas e intrusismo. Además, exigen por parte de la Unidad central de Seguridad Privada y de las Unidades Territoriales más colaboración y control en las inspecciones a las empresas de seguridad.
Otra de las peticiones es que se les devuelva el carácter de agente de autoridad que hace varios años sí ostentaban. Pan Álvarez sostenía que consideran que no hay que olvidar que en la mayor parte de sus servicios realizan funciones públicas y algunas de ellas se asemejan o igualan a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Es necesario que se nos considere agentes de la autoridad para que la gente nos respete más. A veces se cachondean de nosotros porque saben que no les va a pasar nada al no estar considerado un delito”, precisaba Adán. “Estamos muy limitados y sabemos que en un juicio te puedes dejar la placa”, aseguraba García.
Para Pan Álvarez, supondría dar más cobertura legal y jurídica a sus actuaciones al aplicarse además la presunción de veracidad ante denuncias administrativas, aplicables al intrusismo profesional; “Esto unido al agravante penal que ello implica en las malas intervenciones por parte de los vigilantes que se pudieran efectuar, completaría mayor profesionalidad en el trabajador de la seguridad privada y el ciudadano se vería más protegido al no ver degradados sus derechos fundamentales”, concluía.
El colectivo manifestará también en Madrid su desacuerdo con las políticas de contratación que la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal del sector.
