Ideal.es, 04/07/08 - Granada.
Dicen que sufren «coacciones y abusos» por parte de este cargo de confianza y hablan de tráfico de influencias Una trabajadora, que está despedida, acudió dos veces a la Policía Nacional para que investigara el supuesto acoso.
Un grupo bastante representativo de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los centros de la Diputación ha denunciado por escrito en el registro de la institución las «amenazas, las coacciones, los engaños y las mentiras» que están sufriendo por parte del cargo de confianza que lleva la coordinación.
Un tema que, a tenor de las versiones recabadas, viene de lejos y que ha estallado en los últimos dos meses. La tensión se ha disparado a raíz de que el 24 de junio, mientras se celebraba el pleno ordinario, una de las trabajadoras -que ocupaba un mando en el cuadro directivo- recibiera un burofax con su despido por motivos -argumentó la empresa- disciplinarios. Sobre la marcha, la diputada de IU -socio de gobierno del PSOE- mostró su disconformidad y pidió en el turno de ruegos y preguntas que se abriera expediente a la empresa de seguridad que ganó el concurso el año pasado por una cantidad millonaria. La diputada denunció que la empresa no ha presentado todavía el plan de seguridad pese a estar obligada por contrato, según la transcripción del pleno.
Era un órdago que colocaba en un brete al PSOE: su aliado le reclamaba que investigara a la subcontrata.
Amago de crisis
Según las fuentes consultadas, en las últimas semanas se han mantenido reuniones y contactos telefónicos para intentar solucionar la situación. Encuentros en los que han participado líderes políticos de IU y PSOE además de representantes sindicales.
Por el momento hay básicamente cuatro incómodos documentos sobre la mesa donde sólo aparecen testimonios. El primero está fechado el 8 de mayo. Ese día un grupo de vigilantes de seguridad metió un escrito por el registro de la Diputación dirigido al presidente con el que se solidarizaban con una compañera que -aseguran- «ha sido amenazada, perseguida y coaccionada con su cese por enfrentarse al autoritarismo, al abuso de poder, al tráfico de influencias y enchufismo» que el coordinador «ha implantado en el servicio de seguridad». El documento va acompañado de 43 firmas, cuando en la Diputación hay alrededor de 60 vigilantes.
Un día después, esta trabajadora acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar que había recibido esa mañana una llamada en su puesto de trabajo en la que le insultaban y amenazaban de muerte. Regresó el 9 de junio -dos semanas antes de ser despedida- y presentó otra denuncia en un sentido parecido.
El 20 de mayo los vigilantes de seguridad dirigieron otro escrito a Antonio Martínez Caler para trasladarle que -en esta ocasión ellos- estaban siendo sometidos por el coordinador a «amenazas, abusos, coacciones, engaños y mentiras». En los documentos se identifican 50 firmas.
Este periódico intentó ayer recabar la versión del presidente de la Diputación, que prefirió no pronunciarse.
